Viajaron desde el norte para pedir respuestas por una producción en crisis y se volvieron con un número de expediente
Pequeños productores nucleados en la Federación Agraria Argentina, filial Laguna Naineck, se manifestaron este viernes frente a Casa de Gobierno para reclamar una audiencia con Gildo Insfrán. Buscaban discutir medidas urgentes ante una crisis que califican como "terminal", pero denunciaron que no fueron recibidos y que la única respuesta oficial fue un número de expediente para consultar telefónicamente. La protesta pacífica estuvo rodeada por un fuerte operativo policial.

"Viajamos cientos de kilómetros para explicar que nuestra producción está en una situación terminal y nos volvimos con un número de expediente"
La imagen resulta difícil de conciliar con el discurso oficial sobre el desarrollo productivo de Formosa: pequeños productores viajaron este viernes 28 de agosto cientos de kilómetros desde el norte provincial hasta la Casa de Gobierno para pedir ser escuchados ante una crisis que describen como terminal y terminaron regresando sin una respuesta concreta, apenas con un número de expediente en las manos.
La manifestación fue encabezada por integrantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), filial Laguna Naineck , junto a pequeños productores de diferentes localidades de la zona norte, quienes llegaron hasta la capital provincial para reclamar una audiencia con el gobernador Gildo Insfrán .
No se trató de un pedido improvisado.
Los productores habían presentado formalmente una nota el pasado 18 de agosto , solicitando una reunión con el mandatario provincial para exponer personalmente la delicada situación productiva, económica y social que atraviesan numerosas familias rurales.
Diez días después y sin haber obtenido una respuesta favorable, decidieron llevar el reclamo hasta las puertas de la sede gubernamental.
De las chacras a Casa de Gobierno
Los manifestantes llegaron con un objetivo concreto: ser escuchados.
Pretendían explicar al gobernador el deterioro que vienen atravesando las distintas producciones primarias y acercar una batería de propuestas que, aseguran, podrían contribuir a recuperar actividades que durante décadas fueron el sustento de miles de familias del interior.

"La intención es plantear ampliamente todo lo que tiene que ver con la crisis productiva, económica y social que viven las familias productoras desde hace muchos años, con distintos cultivos que en algunos casos atraviesan una situación terminal", explicaron desde Federación Agraria.
Sin embargo, la esperada reunión no ocurrió.
Un número de expediente como única respuesta
Luego de viajar desde el norte provincial y manifestarse frente a Casa de Gobierno, los productores denunciaron que no fueron recibidos por el gobernador ni obtuvieron una respuesta concreta a los planteos que llevaron hasta la capital .
Según informaron posteriormente:
"Lamentablemente no obtuvimos respuesta favorable a nuestro pedido y solo se limitaron a entregarnos un número de expediente para averiguar telefónicamente el estado de nuestra solicitud."
La respuesta burocrática generó malestar porque contrasta con la urgencia que intenta transmitir el sector.
Mientras los productores hablan de explotaciones que desaparecen, familias que abandonan cultivos históricos y jóvenes que emigran ante la falta de oportunidades, la contestación obtenida fue simplemente continuar esperando la tramitación administrativa del pedido de audiencia.
No fueron solamente a protestar: llevaron propuestas
Otro elemento que vuelve particularmente significativo el episodio es que los productores no llegaron únicamente con críticas.
Federación Agraria presentó una agenda concreta de políticas públicas para discutir con el Ejecutivo provincial.
Entre las medidas planteadas se encuentran la implementación de precios mínimos de referencia, mecanismos de comercialización y compra pública, agregado de valor en origen, créditos de fomento adaptados a las características del pequeño productor y un marco legal específico para garantizar el desarrollo sostenido de la producción bananera .
También reclaman mejoramiento de caminos rurales, infraestructura hídrica estratégica y una revisión de la carga fiscal y de las denominadas "aduanas internas" , entre otros aspectos que consideran indispensables para garantizar la sustentabilidad de las producciones primarias.
Es decir, viajaron hasta Formosa no solamente para describir una crisis, sino también para proponer cómo comenzar a revertirla.
Una crisis que ya califican como terminal
El reclamo se produce en momentos particularmente delicados para las economías regionales formoseñas.
Referentes de Federación Agraria vienen advirtiendo sobre el derrumbe de la producción bananera, mientras distintos productores recuerdan el retroceso sufrido por el algodón, actividad que durante décadas fue uno de los grandes motores económicos de Formosa.
El presidente de la filial Laguna Naineck, Pánfilo Ayala , ha advertido públicamente que la crisis de algunas producciones ya alcanzó un estado "terminal".
Productores históricos abandonaron sus plantaciones; otros aseguran que venden sus cosechas por valores que no permiten recuperar los costos, y numerosas familias denuncian que sus hijos se marchan de la provincia porque dejaron de encontrar un futuro ligado al trabajo rural.
Del abandono productivo a los cuestionamientos por los controles
A ese escenario se agregó recientemente otro frente de conflicto: los cuestionamientos a los controles policiales sobre la actividad ganadera.
CRA, Cha-For y distintas sociedades rurales formoseñas denunciaron burocracia, cambios de criterios, falta de previsibilidad y procedimientos que consideran excesivos o arbitrarios.
Dirigentes rurales sostienen que determinadas intervenciones policiales terminaron demorando o directamente impidiendo movimientos de hacienda, generando costos adicionales y pérdidas para productores y transportistas.
El Gobierno provincial, por su parte, defendió los controles argumentando que buscan garantizar la trazabilidad, combatir circuitos informales y complementar la fiscalización existente.
Pero para las entidades rurales, el problema no es que exista control estatal, sino cómo se controla, con qué facultades y bajo qué reglas .
Productores afuera, policías alrededor
La manifestación de este viernes se desarrolló de manera completamente pacífica sobre la calle Belgrano, frente a Casa de Gobierno.
Sin embargo, según informó la propia Federación Agraria, el edificio gubernamental permaneció custodiado por cerca de un centenar de efectivos de la Policía provincial .
El contraste no pasó inadvertido.
Delante de la sede del Poder Ejecutivo había pequeños agricultores que habían recorrido cientos de kilómetros para pedir una audiencia y discutir cómo evitar la desaparición de sus producciones.
Frente a ellos, un importante dispositivo policial.
Y dentro de Casa de Gobierno, ninguna reunión con el gobernador.
La fotografía política del día terminó siendo contundente: muchos uniformados para custodiar la sede gubernamental, pero ninguna respuesta concreta para quienes llegaron a plantear una emergencia productiva.
El reclamo que el expediente no puede resolver
La protesta de este viernes vuelve a poner sobre la mesa una discusión que Formosa arrastra desde hace años.
La desaparición o el profundo retroceso de producciones históricas no constituye solamente un problema de rentabilidad empresarial.
Cuando desaparece una pequeña chacra también se pierde empleo rural, actividad comercial, arraigo territorial y circulación económica en los pueblos del interior.
Por eso los productores insisten en que necesitan políticas de largo plazo y no solamente asistencia coyuntural.
Crédito productivo, infraestructura, mercados, valor agregado, mejores caminos, reglas previsibles y posibilidades reales de comercialización forman parte de una agenda que, según Federación Agraria, lleva años esperando respuestas.
Una oportunidad perdida para escuchar
La manifestación terminó pacíficamente, sin incidentes, pero también sin la audiencia que habían ido a buscar .
Y allí aparece el mayor cuestionamiento político de la jornada.
Ante productores que aseguran encontrarse frente a una crisis terminal, el Estado provincial tenía la oportunidad de abrir una instancia directa de diálogo, escuchar el diagnóstico y discutir las propuestas presentadas.
No ocurrió.
Los agricultores regresaron al interior con la misma incertidumbre con la que habían llegado y con una única novedad administrativa: un número de expediente y un teléfono al que deberán llamar para preguntar qué ocurrió con su pedido de ser escuchados.
Para un sector que advierte que algunas de sus producciones ya no tienen tiempo para esperar, la burocracia difícilmente pueda ser considerada una respuesta.
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