"El Gobierno de Insfrán destruyó la matriz productiva de Formosa": Pánfilo Ayala denunció que los programas oficiales son "pura cáscara"

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), filial Laguna Naineck, Pánfilo Ayala , volvió a cuestionar con dureza las políticas agropecuarias del Gobierno de Gildo Insfrán y responsabilizó al denominado Modelo Formoseño por el profundo retroceso que, según denunció, atraviesan las economías regionales y particularmente la agricultura familiar.

Con un diagnóstico que calificó como "terminal" , el dirigente agrario aseguró que las políticas implementadas durante las últimas tres décadas no lograron garantizar la sustentabilidad de los pequeños productores, denunciando pérdida de rentabilidad, falta de infraestructura, ausencia de financiamiento y un creciente éxodo de jóvenes que ya no encuentran oportunidades para permanecer en las chacras familiares.

Su acusación central fue contundente:

"Con el gobierno de más de tres décadas, el doctor Insfrán ha demostrado que ha destruido la matriz productiva de la agricultura que está en manos de pequeños productores".

Ayala también apuntó contra los programas oficiales de comercialización y asistencia productiva, a los que describió como iniciativas de fuerte contenido propagandístico, pero con resultados insuficientes para modificar la realidad económica del sector.

"Los programas productivos del Gobierno son pura cáscara"

Una de las declaraciones más fuertes del presidente de Federación Agraria estuvo dirigida contra los programas que el Gobierno provincial presenta como instrumentos de apoyo a la pequeña producción.

Según Ayala, esas iniciativas tienen escasa capacidad para absorber la producción de las chacras y tampoco garantizan pagos oportunos ni precios que permitan sostener la actividad.

"La realidad es que los programas que tiene el Gobierno, que son programas insignia de mucha propaganda política, son prácticamente pura cáscara".

El dirigente sostuvo que las compras oficiales representan una porción mínima de lo producido por los agricultores y estimó que, en algunos casos, no llegarían siquiera al 2%, 3% o 5% del volumen disponible.

Además, denunció que los productores deben esperar prolongados períodos para cobrar.

"Llevan una o dos veces por semana y después el productor tiene que peregrinar para que les paguen. Pasan un mes, dos meses, tres meses para que les depositen en su cuenta", cuestionó.

Para Ayala, estos mecanismos no permiten construir una actividad económicamente sostenible ni ofrecen condiciones para que una familia pueda capitalizarse, incorporar maquinaria o ampliar su producción.

La promesa de diálogo que, según Ayala, terminó en una burla

El dirigente también denunció el fracaso de las conversaciones que Federación Agraria había iniciado con autoridades provinciales para buscar soluciones a la crisis.

Explicó que la organización había recibido con expectativas una apertura de diálogo y presentó propuestas destinadas a recuperar la actividad productiva.

Sin embargo, aseguró que las autoridades dejaron de responder los mensajes y que las reuniones comprometidas no tuvieron continuidad.

"Terminó siendo una burla hacia los productores, hacia nuestra entidad, que con todas las buenas intenciones celebrábamos en aquel entonces una apertura del diálogo con la provincia".

Según relató, los funcionarios se habían comprometido a analizar los planteos presentados y continuar las conversaciones.

"Después ya no contestaron los mensajes y terminó en la nada", lamentó.

Ayala sostuvo que la falta de respuestas resulta especialmente preocupante ante la situación que atraviesa la producción bananera, una actividad históricamente vinculada con la economía de Laguna Naineck y de numerosas localidades del norte provincial.

"No les interesa la crítica situación que viven los productores"

Para el dirigente, la interrupción de las conversaciones constituye una señal de desinterés oficial frente a los problemas estructurales del sector.

"No les interesa la crítica situación que viven los productores, principalmente el sector bananero, que transita un momento terminal", afirmó.

También advirtió que el deterioro de la agricultura familiar ya no se limita a las chacras, sino que afecta progresivamente a toda la economía de las localidades rurales.

Cuando un productor deja de sembrar, explicó, también disminuye la demanda de mano de obra, transporte, herramientas, insumos y servicios comerciales.

De esa manera, la crisis productiva termina transformándose en una crisis económica y social que alcanza a comunidades enteras.

Una hectárea de banana necesita alrededor de seis millones de pesos al año

Ayala aportó un dato que permite dimensionar las dificultades económicas que enfrentan los pequeños agricultores.

Según sus cálculos, mantener una hectárea de banana demanda aproximadamente seis millones de pesos anuales , una suma que muchos productores familiares ya no pueden afrontar.

"Hay una desesperación del productor bananero que no dispone de los seis millones, más o menos, que necesita anualmente para sostener un cultivo de banana de una hectárea".

El problema, explicó, no se reduce a la disponibilidad de semillas o a recibir asistencia ocasional.

Los agricultores necesitan capital de trabajo, tecnología, equipamiento, financiamiento y condiciones de comercialización que permitan recuperar los costos y obtener una rentabilidad razonable.

Sin esos instrumentos, advirtió, resulta imposible pensar en modernizar las chacras o garantizar su continuidad.

Jóvenes que abandonan el campo y chacras sin futuro

Otro de los aspectos centrales de su denuncia estuvo relacionado con la pérdida del arraigo rural.

Ayala recordó que Federación Agraria lleva más de un siglo defendiendo a nivel nacional la permanencia de las familias en la tierra y el desarrollo de la agricultura familiar.

Sin embargo, aseguró que en Formosa las políticas implementadas no generan incentivos para que los jóvenes continúen trabajando en los establecimientos de sus padres y abuelos.

"Los jóvenes que están ahí no están motivados, no ven una política para decir: tengo una, dos, tres, diez o veinte hectáreas que son de mi papá o de mis abuelos y voy a trabajar porque ahí me voy a desarrollar", explicó.

Para el dirigente, esta situación amenaza directamente la continuidad generacional de las explotaciones familiares.

Sin jóvenes dispuestos a permanecer en el campo, no solamente disminuye la superficie cultivada: también se pierde conocimiento productivo, arraigo territorial y la posibilidad de transmitir una actividad de una generación a otra.

"Aportamos muchísimo, pero el Estado no nos devuelve absolutamente nada"

Ayala también cuestionó la relación entre el aporte económico del sector y las políticas públicas destinadas a sostenerlo.

Según afirmó, los pequeños productores contribuyen al movimiento económico de la provincia, pero no reciben una respuesta proporcional en infraestructura y herramientas de desarrollo.

"Nosotros aportamos muchísimo, pero el Estado no nos devuelve absolutamente nada, ni en obras de infraestructura, ni en ayudas, ni en políticas públicas que siempre reclamamos que sean diferenciadas".

Su planteo apunta a la necesidad de políticas específicas para la agricultura familiar, diferentes de aquellas destinadas a establecimientos de mayor escala.

Entre los problemas señalados aparecen la falta de caminos adecuados, la escasez de crédito productivo y las dificultades para incorporar tecnología.

Denunció un clima de miedo y opresión

El dirigente también formuló cuestionamientos políticos sobre las condiciones en las que las organizaciones rurales desarrollan sus reclamos.

Ayala sostuvo que la entidad continuará defendiendo a los productores, pese a lo que describió como un contexto de temor y presión sobre quienes cuestionan las políticas oficiales.

"Vamos a seguir luchando. Luchamos fuertemente en una provincia donde el poder del Estado ha instalado el miedo, ha instalado la opresión".

Se trata de una grave acusación política del dirigente agrario, que se suma a sus cuestionamientos sobre el funcionamiento institucional y la relación entre el Gobierno y las organizaciones productivas.

Para Ayala, ante la falta de respuestas oficiales, la principal herramienta que les queda es visibilizar públicamente la situación de las familias rurales.