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POZO DEL TIGRE: MIENTRAS PREPARABAN EL FESTEJO, UNA MADRE ASEGURA QUE LA POLICÍA LE PIDIÓ QUE VOLVIERA OTRO DÍA PARA DENUNCIAR LA MUERTE DE SU HIJA

Jacqueline del Valle Silva murió después de una confusa secuencia que comenzó en Pozo del Tigre y terminó en el hospital de Las Lomitas. Su madre sostiene que la joven presentaba lesiones que podrían corresponder a una agresión y denunció que, cuando concurrió a la comisaría para dejar asentadas sus sospechas, le habrían indicado que regresara al día siguiente. Mientras la localidad se preparaba para celebrar un nuevo aniversario, una familia reclamaba algo mucho más elemental: que el Estado la escuchara y se investigara qué ocurrió.

PARA TAPAS (90)

Hay momentos en los que las prioridades de un Estado quedan expuestas con una crudeza difícil de disimular.

Mientras Pozo del Tigre se preparaba para celebrar un nuevo aniversario, con actos y actividades oficiales, una madre atravesaba una situación completamente diferente: acababa de perder a su hija y pretendía que la Policía recibiera una denuncia para que se investigaran las circunstancias de su muerte.

Según publicó el periodista Leonardo Fernández Acosta en Formosa Investiga , Jacqueline del Valle Silva, oriunda de Pozo del Tigre y residente en Salta, había regresado a la localidad para visitar familiares y amigos.

La joven salió durante la noche del viernes y posteriormente fue asistida en el hospital local. Tenía antecedentes de epilepsia, pero su familia asegura que presentaba lesiones que, a su entender, no podían explicarse únicamente por una crisis convulsiva: dos cortes importantes en la cabeza y un golpe en la zona de la boca y el labio superior.

Se trata, por ahora, de la versión familiar y deberá ser contrastada mediante pericias médicas y una investigación judicial.

Precisamente por eso resulta indispensable investigar.

UNA SECUENCIA QUE NECESITA RESPUESTAS

La historia no terminó en el hospital.

De acuerdo con la reconstrucción publicada, Jacqueline habría intentado retirarse mientras se encontraba bajo custodia policial y posteriormente cayó en una represa. Debido a su estado fue trasladada al hospital de Las Lomitas, donde murió durante la tarde del sábado.

La familia afirma que la autopsia informó como mecanismo de muerte un paro cardiorrespiratorio.

Pero establecer el mecanismo final de una muerte no necesariamente responde todas las preguntas sobre qué ocurrió previamente.

¿Cómo se produjeron las lesiones?

¿Existió una agresión?

¿Qué ocurrió durante las horas anteriores a su ingreso al hospital?

¿En qué condiciones se encontraba cuando intentó retirarse?

¿Cómo terminó cayendo en una represa mientras, según la publicación, existía intervención policial?

¿Fue adecuada la atención médica recibida?

¿Existió alguna omisión durante la secuencia?

Son interrogantes que no deberían resolverse mediante rumores ni acusaciones anticipadas.

Deben responderlos las pruebas.

EL VIDEO QUE DEBE SER PERITADO

La familia también entregó al medio un video grabado a cierta distancia en el que aparecen personas protagonizando un forcejeo en una calle de tierra.

La propia publicación realiza una aclaración fundamental: las imágenes no permiten identificar con certeza a Jacqueline ni establecer qué ocurrió antes o después de la escena registrada.

Por eso el video no debería convertirse en una sentencia difundida por redes sociales.

Debería convertirse en prueba.

Preservarlo, determinar cuándo y dónde fue grabado, identificar a las personas que aparecen y establecer si efectivamente guarda alguna relación con Jacqueline es tarea de investigadores y peritos.

Lo mismo corresponde hacer con las lesiones denunciadas por la familia.

"VUELVA MAÑANA"

Pero existe un episodio denunciado que, de confirmarse, traslada el caso desde el terreno exclusivamente policial y sanitario hacia una cuestión institucional mucho más grave.

Según el testimonio familiar recogido por Formosa Investiga, la madre de Jacqueline concurrió el domingo 20 de septiembre a la comisaría de Pozo del Tigre para denunciar que su hija podría haber sido víctima de una agresión y los efectivos no habrían tomado la presentación, indicándole que regresara el lunes.

No se trataba de denunciar la pérdida de un objeto.

No era una consulta administrativa.

Era una madre que acababa de enterrar a su hija intentando poner en conocimiento de las autoridades una sospecha relacionada con las circunstancias que rodearon su muerte.

Si la versión es correcta, la Policía de Formosa tiene una explicación pendiente.

Porque si la dependencia no era competente, correspondía orientar a la denunciante hacia quien sí lo fuera.

Si debía intervenir un fiscal, correspondía comunicar la situación.

Si existía algún procedimiento específico, había que explicarlo.

Lo que resulta difícil de justificar es que frente a una denuncia potencialmente vinculada con la muerte de una joven la respuesta haya sido simplemente: vuelva mañana .

PRIMERO LA FIESTA, ¿DESPUÉS LA DENUNCIA?

La coincidencia temporal vuelve todavía más incómoda la situación.

Ese lunes Pozo del Tigre celebraba su aniversario. La localidad, fundada el 22 de septiembre de 1905 según la información turística oficial provincial, se preparaba para sus actividades conmemorativas.

Y mientras el Estado organizaba una celebración, una familia buscaba respuestas.

No existe contradicción alguna entre festejar el aniversario de un pueblo e investigar una muerte.

El problema aparece cuando una institución pública, según denuncia la familia, posterga la recepción de una presentación vinculada a esa muerte .

Una comunidad puede tener escenario, ceremonia, discursos y festejos.

Pero la Justicia no debería tener feriados emocionales.

Una denuncia vinculada con una muerte no debería esperar porque al día siguiente haya un aniversario.

EL ESTADO TAMBIÉN SE MIDE CUANDO ALGUIEN GOLPEA SU PUERTA

Las instituciones no demuestran su eficacia únicamente inaugurando obras, organizando celebraciones o exhibiendo actos oficiales.

También —y fundamentalmente— la demuestran cuando un ciudadano vulnerable golpea una puerta buscando ayuda.

Mucho más cuando quien golpea esa puerta es una madre que acaba de perder a su hija.

El Estado no tiene obligación de aceptar como verdadera cada hipótesis que plantea una familia.

Sí tiene obligación de escucharla.

Recibir una denuncia no significa condenar a nadie.

Investigar no significa afirmar anticipadamente que existió un delito.

Peritar las lesiones tampoco significa establecer que fueron provocadas por una agresión.

Significa exactamente lo contrario: buscar evidencia antes de sacar conclusiones.

¿QUÉ PASÓ CON JACQUELINE?

Eso es lo que debería establecerse ahora.

Reconstruir dónde estuvo Jacqueline durante sus últimas horas.

Determinar con quién estuvo.

Analizar las lesiones.

Peritar el video aportado.

Tomar declaraciones a quienes estuvieron presentes.

Reconstruir su paso por el hospital de Pozo del Tigre.

Establecer cómo y en qué circunstancias cayó a la represa.

Revisar las actuaciones policiales.

Analizar la atención médica recibida.

Reconstruir su traslado hacia Las Lomitas.

Y establecer científicamente qué produjo finalmente su muerte.

Si las lesiones fueron consecuencia de una crisis epiléptica y posteriores caídas, deberá demostrarlo la evidencia.

Si existió una agresión, habrá que determinar quién o quiénes participaron y si tuvo alguna vinculación con el desenlace posterior.

Si existieron errores u omisiones institucionales, también deberán establecerse.

Y si finalmente las sospechas de la familia no encuentran respaldo en las pruebas, será igualmente una investigación seria la que permita descartarlas.

Lo que no debería admitirse es que las dudas se resuelvan simplemente dejando pasar el tiempo.

Porque mientras Pozo del Tigre puede volver a festejar cada año su aniversario, Jacqueline del Valle Silva ya no puede explicar qué ocurrió durante sus últimas horas.

Ahora deben hablar las pruebas.

Debe hablar la investigación.

Y debe responder el Estado.

Una fiesta puede esperar.

La verdad sobre la muerte de una joven, no.

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