Inacción de instituciones provinciales ante abuso contra joven con discapacidad en Misión Laishí: Exigen intervención inmediata
Ante la falta de respuesta de las instituciones públicas provinciales encargadas de proteger los derechos de las personas con discapacidad, y frente al grave abuso que sufrió Vicente Lagraña, un joven con discapacidad, a manos de un funcionario cercano al gobernador Gildo Insfrán en Misión Laishí, la Red de Infancia Robada, liderada por la diputada provincial Gabriela Neme, ha solicitado la intervención urgente y la garantía de protección por parte del Estado provincial para resguardar a la víctima.
Han transcurrido seis días desde que se hizo pública la denuncia, y ni los organismos de protección de derechos humanos ni la justicia local han dictado medidas para asegurar la protección de Vicente. Esta omisión constituye, sin lugar a dudas, un abandono de persona, aseguró Neme.
Como coordinadora de la Red de Infancia Robada, la diputada Gabriela Neme intimó a la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Susana Jara; al Defensor del Pueblo, Leonardo Gialuca; y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, encabezada por Silvina Arauz, a tomar medidas de protección urgentes en favor de Vicente, habilitando días y horas de atención extraordinaria. Estas autoridades deben constituirse en la localidad de Misión Laishí para asegurar la protección del joven, haciendo responsable al Estado de la inacción y la omisión. La situación es aún más alarmante porque el acusado, Virgilio Añole, sigue en libertad, protegido por el poder político.
Neme destacó que la situación de pobreza estructural que afecta a Vicente y a su familia, así como el riesgo inminente y permanente que enfrentan, no solo es consecuencia de la falta de recursos económicos, sino también de la ausencia de políticas públicas de promoción humana tanto a nivel municipal, provincial como nacional.
La diputada exige respuestas inmediatas y acciones concretas para garantizar los derechos y la seguridad de Vicente Lagraña, subrayando la responsabilidad del Estado en proteger a los más vulnerables y evitar que la impunidad siga prevaleciendo.