Dioxitek Formosa: un proyecto que "nació muerto" y dejó un cascarón millonario

"una enorme estafa a los formoseños"

El disparador de su análisis son las recientes declaraciones del actual secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Nápoli, quien —con conocimiento directo del tema, ya que antes fue presidente de la propia empresa Dioxitek— calificó al proyecto formoseño como "un ejemplo típico de la pobre gestión de proyectos que el sector nuclear argentino mostró hasta la fecha", y denunció un desfinanciamiento de 4.000 millones de pesos cuyo destino nadie logra explicar.

Hoyos recuerda que ya en 2013 se había advertido públicamente sobre la inviabilidad de la planta y sobre graves irregularidades en su ejecución. En aquel entonces, incluso desde el propio Gobierno nacional se habló de la inoperatividad de la obra y de faltantes millonarios en su financiamiento.

Mientras Ramos Nápoli relató que la planta de Alta Córdoba debió ser prácticamente reconstruida por el abandono y la destrucción de su equipamiento —y que hoy logró volver a producir dióxido de uranio—, la sorpresa fue mayor al referirse al caso Formosa: allí no hay producción, no hay equipamiento en funcionamiento y lo único visible es una enorme estructura edilicia sin utilidad concreta.

La columna reconstruye el origen del conflicto: en 2013, la empresa Dioxitek, dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, acordó con el gobierno de Formosa la instalación de una planta para fabricar dióxido de uranio, insumo clave para el combustible de las centrales nucleares de Embalse y Atucha. Dioxitek había sido expulsada de Córdoba por los daños ambientales generados por residuos tóxico-nucleares, y su relocalización fue rechazada en distintas provincias, siendo finalmente aceptada por la administración de Gildo Insfrán.

Según detalla Hoyos, la materia prima utilizada —el diuranato de amonio o "yellow cake"— genera residuos altamente contaminantes, con tiempos de biodegradación de siglos. A pesar de ello, la planta fue emplazada detrás del polo científico-tecnológico, en cercanías de tierras destinadas a pueblos originarios, sin consultas previas ni estudios de impacto ambiental adecuados, violando leyes ambientales y disposiciones constitucionales.

El autor recuerda además que la obra avanzó pese a presentaciones judiciales, movilizaciones sociales, denuncias ante la Corte Suprema de Justicia y episodios de represión y amenazas. El resultado, afirma, es hoy "un enorme cascarón tan vacío como inservible", financiado con créditos internacionales que comprometen recursos de todos los formoseños.

En su cierre, Hoyos asocia este fracaso con otros "relatos frustrados" del denominado modelo formoseño —como la "Formosa petrolera" o la "Formosa corazón del Mercosur"— y sostiene que la promesa de una "Formosa nuclear" solo dejó un bluff costoso y vergonzoso.

Finalmente, reclama que tras las declaraciones del máximo funcionario nacional del área nuclear, algún legislador provincial o nacional impulse al menos un pedido de informes para esclarecer la situación operativa y financiera de lo que considera "una enorme estafa a los formoseños".