Paoltroni denuncia persecución política: su abogado afirma que la causa por desmonte es "ilegal, arbitraria y armada para quebrarlo"

En declaraciones a Radio Parque, el letrado sostuvo que el proceso administrativo y judicial que derivó en una multa millonaria contra Paoltroni está plagado de irregularidades y violaciones al debido proceso, y afirmó que el verdadero objetivo sería "quebrar económicamente" al senador para silenciarlo o forzar su salida del Congreso.

La base del planteo: Paoltroni no era el dueño cuando ocurrió el hecho

Según explicó Gutiérrez, el expediente gira en torno a un supuesto cambio de uso del suelo ocurrido en un campo de 102 hectáreas, pero remarcó que ese hecho habría ocurrido antes de que Paoltroni comprara la propiedad en septiembre de 2021.

"¿Cómo puede alguien que no era propietario en el momento del hecho ser responsable de una infracción que cometió el dueño anterior?", planteó el abogado, quien calificó la acusación como jurídicamente insostenible.

Para el defensor, la administración provincial nunca formuló una imputación concreta ni detalló los hechos que se le atribuyen al senador, lo que —según explicó— impidió ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

"Para hacer un descargo primero tienen que decirte de qué te acusan. Nunca hubo cargos claros", sostuvo.

Prescripción y fallas en el procedimiento

Gutiérrez también argumentó que la acción sancionatoria se encuentra prescripta, ya que la ley fija un plazo máximo de dos años para iniciar este tipo de procesos desde que ocurre el supuesto hecho.

Sin embargo, indicó que la administración inició el procedimiento más de tres años después, superando ampliamente ese límite legal.

"El sentido de la prescripción es que nadie quede indefinidamente sometido a la voluntad del poder. Acá se violó ese principio", afirmó.

Además cuestionó que el certificado de deuda que sustenta la ejecución judicial no fue firmado por la autoridad competente, sino por un empleado ministerial, lo que —según sostuvo— genera una "inhabilidad del título".

Una sentencia que fue modificada después de notificada

Otro de los puntos que el abogado considera graves es que la sentencia inicial que obligaba a Paoltroni a pagar más de 100 millones de pesos habría sido posteriormente modificada por la jueza interviniente, incorporando nuevos criterios de cálculo basados en el precio del gasoil.

"Eso no lo pidió ninguna de las partes. Y además el Código Procesal prohíbe modificar una sentencia una vez que ya fue notificada", señaló.

"El objetivo: que no tenga campo en Formosa"

Para Gutiérrez, la acumulación de irregularidades revela un trasfondo político.

El abogado vinculó el proceso judicial con declaraciones públicas del gobernador Gildo Insfrán, quien en distintas ocasiones manifestó que Paoltroni no tendría tierras en la provincia.

"Si Paoltroni no paga la multa, lo siguiente será pedir su quiebra. Y de esa manera cumplir el objetivo de que pierda su campo", advirtió.

La inmunidad parlamentaria como defensa institucional

El defensor también justificó el planteo de inmunidad parlamentaria presentado por el senador, señalando que no se trata de un privilegio personal sino de una garantía institucional prevista por la Constitución.

"La inmunidad parlamentaria existe para que un legislador pueda resistir presiones de otros poderes del Estado cuando cumple su función", explicó.

Según Gutiérrez, el enfrentamiento judicial se inscribe en el contexto de las críticas que Paoltroni viene realizando al sistema político formoseño, al que acusa de vulnerar principios republicanos.

"Cuando un senador denuncia irregularidades institucionales y como respuesta recibe embargos, multas millonarias y ataques patrimoniales, estamos ante un caso de represalia política", sostuvo.

Un conflicto que escala

El abogado concluyó que la causa no puede analizarse como un expediente aislado, sino como parte de un conflicto político mayor entre el senador libertario y el gobierno provincial.

"Acá se está utilizando el poder del Estado para disciplinar a un opositor. Eso es extremadamente grave para la democracia", afirmó.

El caso continúa en instancias judiciales mientras el debate político crece en torno a las denuncias de persecución, la legalidad del proceso y las implicancias institucionales del conflicto.