CUALQUIER JUSTICIABLE FORMOSEÑO QUE LITIGUE CONTRA EL ESTADO PROVINCIAL O SUS AGENTES PUEDE Y DEBE RECUSAR AL JUEZ DE LA CAUSA Y SOLICITAR CONJUECES

Según el análisis de calificados juristas, cualquier ciudadano que deba litigar contra el Estado Provincial, municipios o funcionarios de cualquier orden, tiene hoy argumentos sobrados para recusar a los magistrados intervinientes por "parcialidad manifiesta" y exigir la designación de conjueces.

Los fundamentos del planteo:

Alineamiento Político: El posicionamiento institucional del Colegio de Magistrados —en defensa cerrada de la gestión del Ejecutivo frente a proyectos de intervención federal— ha transformado a los jueces de "terceros imparciales" en actores políticos con intereses definidos.

Responsabilidad por Omisión: Los expertos señalan que tanto quienes firmaron el comunicado como aquellos magistrados que, por omisión, no se distanciaron públicamente del mismo, han consentido un alineamiento que rompe la división de poderes, SEAN O NO ASOCIADOS AL Colegio de Magistrados.

Temor de Parcialidad : Para los abogados consultados, el justiciable ya no cuenta con la "apariencia de independencia" que exige la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Si el cuerpo judicial se expresa como sostén del gobierno, el ciudadano que demanda al Estado entra a tribunales en una situación de total indefensión.

Un llamado a la resistencia jurídica

El consenso en el foro local es claro: ante la pérdida de neutralidad del Poder Judicial, la recusación sistemática y el pedido de conjueces (abogados de la matrícula que no pertenezcan a la estructura judicial cuestionada) se convierten en la única vía para intentar obtener una sentencia ajustada a derecho y no a conveniencias políticas.

"Ya no se trata de una sospecha, sino de una evidencia institucional", concluyen los profesionales, instando a los justiciables a ejercer este derecho para evitar que sus causas sean juzgadas por quienes ya han tomado partido público por el poder político. Todos los consultados resumieron sus cuestionamientos diciendo "¿Quién juzga al juez cuando este ya decidió ser parte?"

LO QUE DICE LA CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN

Para la Justicia argentina y los tratados internacionales, la imparcialidad no es una opción del juez, sino un derecho del ciudadano. Aquí los fallos clave que sustentan la recusación por "temor de parcialidad":

Fallo "Llerena" (CSJN): La Corte estableció que la imparcialidad tiene una dimensión objetiva. No importa si el juez "cree" ser neutral; lo que importa es si existen hechos externos que permitan al ciudadano dudar de esa neutralidad. El juez debe parecer imparcial para preservar la confianza en la justicia.

Fallo "Dieseldorff" (CSJN): El Máximo Tribunal determinó que la garantía de imparcialidad es "uno de los pilares del debido proceso". Si el magistrado ha dado muestras de parcialidad o falta de independencia, el justiciable tiene el derecho constitucional de apartarlo.

Doctrina de la "Gravedad Institucional": La CSJN interviene cuando un conflicto trasciende el interés de las partes y afecta el buen funcionamiento de las instituciones (como la división de poderes). Un Poder Judicial que actúa en "bloque" con el Ejecutivo configura este supuesto.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Apitz Barbera): "Los jueces deben inspirar confianza al público y, sobre todo, a las partes en el proceso". Cualquier sospecha legítima de subordinación política es motivo suficiente para el apartamiento.

"La sola apariencia de dependencia política de un magistrado es suficiente para herir la garantía constitucional de defensa en juicio."

"La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino un derecho de los ciudadanos"

Cuando la magistratura cambia la toga por la militancia y el silencio por el aplauso al poder, el ciudadano queda en la absoluta indefensión jurídica