La condena a Paoltroni, exhibida como un trofeo político, reaviva el debate sobre la independencia de los poderes en Formosa.

¿Justicia o propaganda oficial? La celebración de la condena a Paoltroni reaviva las denuncias de persecución política en Formosa

El canal estatal Lapacho Canal 11 no informó la resolución judicial como un hecho de interés público. La exhibió con un despliegue gráfico propio de una campaña política, destacando en grandes letras "PAOLTRONI CONDENADO" y enfatizando la multa millonaria impuesta al senador libertario, en una presentación que numerosos sectores interpretaron como una celebración de la derrota de uno de los principales dirigentes opositores al gobierno provincial.

En cualquier sistema republicano, los medios públicos tienen la responsabilidad de informar con equilibrio y objetividad. Cuando un medio financiado por todos los contribuyentes abandona esa función para presentar una sentencia como un triunfo político sobre un adversario del oficialismo, inevitablemente se profundizan los cuestionamientos acerca de la utilización del aparato estatal con fines partidarios.

Una percepción que trasciende un expediente

Naturalmente, las resoluciones judiciales deben ser respetadas y cuentan con mecanismos de revisión previstos por la ley. Pero el debate público no gira únicamente alrededor del contenido jurídico de una sentencia.

La controversia se instala porque numerosos dirigentes opositores sostienen desde hace años que existe un patrón de selectividad en el funcionamiento de la Justicia provincial, donde las investigaciones avanzan con rapidez cuando involucran a referentes críticos del poder, mientras otras denuncias que alcanzan a funcionarios oficialistas no tendrían el mismo impulso institucional.

Es precisamente esa percepción la que vuelve a instalarse tras la condena a Paoltroni, uno de los principales impulsores del pedido de intervención federal de Formosa y uno de los dirigentes que con mayor dureza cuestionó la falta de independencia de los poderes provinciales.

Un contexto político que alimenta las sospechas

Durante más de cuatro décadas de un mismo signo político al frente del Gobierno provincial, la oposición ha denunciado reiteradamente la ausencia de investigaciones de alto impacto contra funcionarios oficialistas por presuntos hechos de corrupción, abuso de poder o enriquecimiento ilícito.

Quienes sostienen esas críticas suelen mencionar como antecedente el caso del exintendente Gabriel Hernández, dirigente opositor que terminó condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos tras haber derrotado electoralmente al oficialismo en la ciudad de Formosa.

También recuerdan otros expedientes de gran repercusión pública que, según esos sectores, no habrían tenido el mismo desarrollo judicial. Entre ellos mencionan el caso que involucró a la entonces diputada provincial Blanca Denis, cuyo vehículo fue interceptado transportando drogas. Desde esa perspectiva, la diferencia en el tratamiento de distintos casos alimenta el debate sobre la igualdad ante la ley, aunque esas interpretaciones son objeto de controversia política.

Más recientemente, la condena contra Paoltroni se suma a la sentencia contra el diputado nacional Atilio Basualdo, otro de los referentes opositores que denunció públicamente persecución política y cuestionó el funcionamiento institucional de la provincia.

Cuando los medios oficiales toman partido

La preocupación institucional no se limita únicamente al ámbito judicial.

El rol asumido por Lapacho Canal 11 volvió a abrir una discusión que excede a un gobierno o a un dirigente en particular: ¿cuál debe ser la función de un medio público?

Informar una sentencia constituye una tarea periodística legítima. Convertir esa sentencia en un emblema propagandístico contra un adversario político plantea un debate distinto.

Los medios estatales pertenecen a toda la sociedad, no al gobierno de turno. Su credibilidad depende precisamente de ofrecer información equilibrada, especialmente cuando se trata de procesos judiciales que involucran a actores políticos.

Cuando una condena comienza a presentarse como un trofeo partidario, se debilita la percepción de imparcialidad institucional y se alimenta la desconfianza ciudadana hacia organismos que deberían mantenerse ajenos a la confrontación política.

La confianza institucional es el verdadero desafío

En una democracia sólida no alcanza con que las decisiones judiciales sean legales. También resulta indispensable que la ciudadanía perciba que esas decisiones se adoptan con independencia, transparencia e igualdad de trato.

En provincias donde un mismo espacio político gobierna desde hace décadas y donde la oposición cuestiona reiteradamente la autonomía del Poder Judicial y de los organismos de control, cada actuación institucional queda sometida a un mayor escrutinio público.

Por eso, las denuncias de persecución política formuladas por distintos dirigentes opositores no deberían responderse únicamente desde el discurso político, sino fortaleciendo la independencia judicial, garantizando procesos transparentes y preservando la neutralidad de los medios públicos.

Porque el verdadero fortalecimiento institucional no consiste en celebrar las condenas de los adversarios políticos, sino en construir un sistema donde oficialistas y opositores tengan la misma certeza de que la ley se aplica con idéntico rigor, sin privilegios, sin selectividad y sin interferencias del poder de turno.