Mientras la oposición denuncia persecución política, el Gobierno celebra las condenas judiciales a sus principales adversarios

La noticia no fue presentada simplemente como una resolución judicial. Por el contrario, fue exhibida como una victoria política del oficialismo sobre uno de sus principales adversarios, alimentando una narrativa que profundiza las sospechas sobre la dependencia institucional y el verdadero rol que debería cumplir la Justicia en una democracia.

Las críticas opositoras adquieren mayor fuerza cuando observan un dato que consideran imposible de ignorar. Durante más de cuatro décadas de gobierno de Gildo Insfrán, sostienen que prácticamente ningún funcionario del oficialismo fue investigado ni enfrentó condenas por hechos de corrupción, abuso de poder, negociados o presunto enriquecimiento ilícito, pese a las numerosas denuncias públicas que se realizaron a lo largo de los años.

En ese contexto, recuerdan que el único dirigente político que terminó condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos fue precisamente un referente opositor (Gabriel Hernández) que había logrado derrotar electoralmente al oficialismo en la ciudad de Formosa, circunstancia que para muchos resulta, como mínimo, llamativa.

También vuelven sobre episodios que consideran paradigmáticos. Entre ellos mencionan el caso de la ex diputada provincial Blanca Denis, cuya camioneta fue utilizada para transportar drogas y que, según cuestionan distintos sectores opositores, no derivó en una investigación judicial sobre su eventual responsabilidad. Desde esa mirada, sostienen que existen diferencias en el tratamiento judicial según se trate de dirigentes oficialistas u opositores.

Ahora, la confirmación de la condena contra Francisco Paoltroni se suma a la reciente sentencia contra el diputado nacional Atilio Basualdo, dos de las principales figuras opositoras que en los últimos meses encabezaron las críticas más duras contra el Gobierno provincial, denunciando la falta de división de poderes, impulsando proyectos de intervención federal y cuestionando el funcionamiento de las instituciones formoseñas.

Naturalmente, una sentencia judicial debe ser respetada y cuenta con los mecanismos procesales previstos para su revisión. Sin embargo, la discusión política trasciende el contenido jurídico de cada expediente. Lo que vuelve a instalarse es la percepción de una parte importante de la sociedad respecto de la selectividad con la que actuaría el sistema judicial cuando las investigaciones alcanzan a dirigentes opositores, mientras otras denuncias que involucran a funcionarios oficialistas no tendrían, según esos sectores, el mismo impulso ni la misma visibilidad.

La preocupación aumenta cuando son los propios medios oficiales quienes convierten resoluciones judiciales en piezas centrales de propaganda política. Informar sobre una sentencia constituye una tarea periodística legítima; celebrar judicialmente la derrota de un adversario político es otra cuestión muy distinta. Cuando una condena pasa a ser presentada como un trofeo partidario, inevitablemente se debilita la imagen de imparcialidad que toda administración de justicia necesita preservar.

La confianza en las instituciones no depende únicamente de que las decisiones judiciales sean legales. También exige que la ciudadanía perciba que esas decisiones se adoptan con absoluta independencia, sin favoritismos y sin interferencias políticas. Cuando esa confianza comienza a erosionarse, pierde toda la democracia.

Por esa razón, las reiteradas denuncias de persecución política formuladas por distintos dirigentes opositores merecen ser respondidas con instituciones fuertes, transparentes y plenamente independientes, no con campañas propagandísticas que profundicen las sospechas.

En una provincia donde un mismo partido gobierna desde hace décadas y donde la oposición cuestiona reiteradamente el funcionamiento de los organismos de control y del Poder Judicial, resulta indispensable que cada actuación judicial se encuentre rodeada de la máxima transparencia y de las mayores garantías procesales.

Porque el verdadero fortalecimiento institucional no se logra cuando las condenas de opositores se celebran como triunfos políticos, sino cuando oficialistas y opositores tienen la misma certeza de que la ley se aplica con idéntico rigor para todos, sin privilegios, sin selectividad y sin condicionamientos derivados del poder de turno.