Otra sesión, la misma práctica: le impidieron hablar a Agostina Villaggi para fundamentar un pedido de juicio político

Durante el intento de tratamiento de un proyecto de pedido de juicio político contra la presidenta del Honorable Tribunal de Cuentas, Dra. Myriam Esther Radrizzani, la diputada provincial Agostina Villaggi denunció que se le impidió fundamentar la iniciativa presentada por su bloque, en medio de interrupciones, gritos y maniobras patoteriles que terminaron cercenando su derecho a expresarse en el recinto.

Las imágenes de la sesión muestran una escena que se ha vuelto recurrente en la política formoseña: cuando la oposición intenta plantear cuestionamientos a funcionarios o instituciones vinculadas al poder provincial, el debate es reemplazado por la imposición de la mayoría automática.

La situación resulta particularmente grave porque el proyecto apuntaba precisamente a analizar la actuación de la máxima autoridad del organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos. En cualquier sistema republicano, una iniciativa de estas características debería ser debatida, discutida y eventualmente rechazada o aprobada mediante argumentos. Sin embargo, una vez más, la discusión de fondo quedó sepultada bajo un clima de hostilidad política.

La pregunta que surge es inevitable: ¿por qué impedir que una legisladora exponga los fundamentos de su proyecto? Si las acusaciones carecen de sustento, el oficialismo dispone de la mayoría necesaria para rechazarlas. Pero impedir siquiera la exposición de los argumentos transmite un mensaje preocupante hacia la sociedad y alimenta las sospechas sobre la falta de voluntad para someter determinadas decisiones o funcionarios al escrutinio público.

El episodio también vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Legislatura provincial, donde desde hace años la oposición denuncia limitaciones sistemáticas para ejercer plenamente su rol de control. El problema no radica solamente en el resultado de las votaciones, sino en la posibilidad real de debatir, cuestionar y expresar posiciones diferentes dentro del recinto.

La democracia no se mide únicamente por la cantidad de bancas que tiene cada fuerza política. También se mide por la capacidad de garantizar que las voces minoritarias puedan expresarse y que los asuntos públicos sean discutidos con transparencia.

Cuando una legisladora es silenciada mientras intenta fundamentar un pedido de juicio político contra una funcionaria de control, el mensaje que recibe la ciudadanía es que ciertos temas parecen estar prohibidos y que algunas instituciones permanecen blindadas frente a cualquier cuestionamiento.

Lejos de fortalecer las instituciones, este tipo de episodios profundiza la percepción de que en Formosa el poder político sigue privilegiando el silencio sobre el debate, la obediencia sobre el control y la disciplina partidaria por encima de los principios republicanos que deberían regir el funcionamiento de toda democracia.