EL ABIGEATO GOLPEA AL CAMPO, PERO EL PJ FRENA UNA FISCALÍA ESPECIAL PARA COMBATIRLO

La Legislatura de Formosa volvió a convertirse este jueves en escenario de una fuerte discusión sobre la situación del campo. Esta vez, el eje fue el abigeato y la propuesta de crear una fiscalía especializada para perseguir el robo de ganado y otros delitos rurales.

El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), a través de la diputada Agostina Villaggi, impulsó el tratamiento sobre tablas de un proyecto para crear una Fiscalía Especializada en Delitos Rurales y Abigeato, con competencia en todo el territorio provincial.

Sin embargo, el oficialismo no acompañó la moción y evitó que la iniciativa fuera debatida y votada inmediatamente en el recinto.

La precisión no es menor: el proyecto no fue rechazado ni archivado, sino que continuará su trámite en comisiones. Pero políticamente quedó una pregunta inevitable: frente a un problema que afecta directamente a productores y familias rurales, ¿por qué el oficialismo no permitió discutir ahora una herramienta específicamente diseñada para combatirlo?

UNA FISCALÍA DEDICADA AL DELITO RURAL

La propuesta radical apunta a conformar dentro del Ministerio Público Fiscal una estructura especializada para investigar el abigeato, sus modalidades agravadas y una serie de delitos conexos.

No se limita solamente al robo de animales.

También contempla investigaciones vinculadas con falsificación o adulteración de marcas y señales, documentación para el traslado de hacienda, encubrimiento y receptación de ganado o productos animales de origen ilícito.

Incluso incorpora la sustracción de maquinaria, alambrados y otros elementos utilizados en la actividad agropecuaria cuando estén relacionados con investigaciones por abigeato.

La fiscalía tendría asiento en la ciudad de Formosa, pero jurisdicción sobre toda la provincia, con la posibilidad de disponer delegaciones o fiscales en otras circunscripciones cuando la incidencia del delito lo requiera.

Otro de los puntos centrales es la búsqueda de una intervención más rápida: el proyecto plantea investigaciones proactivas y procura que el fiscal o personal bajo su responsabilidad pueda constituirse en el lugar del hecho en el menor tiempo posible.

INFORMACIÓN, ESTADÍSTICAS Y CONTROL

La iniciativa también intenta cubrir otro déficit importante: contar con información sistematizada sobre la dimensión real del delito rural.

Para ello propone crear un registro actualizado de denuncias, investigaciones y resultados, además de obligar a informar periódicamente a la Procuración General sobre causas iniciadas, expedientes resueltos y zonas con mayor incidencia delictiva.

También contempla protocolos específicos para recibir denuncias, preservar escenas y garantizar la cadena de custodia de animales, vehículos, documentación y otros elementos secuestrados.

Además, propone una Mesa de Coordinación Interinstitucional contra el Abigeato, integrada por representantes de la Fiscalía, Policía provincial, Ministerio de la Producción y Ambiente, SENASA y entidades representativas de los productores.

Es decir, la propuesta busca centralizar esfuerzos que actualmente se encuentran repartidos entre distintos organismos.

EL PJ VOTÓ EN CONTRA DEL TRATAMIENTO INMEDIATO

Durante la discusión, el diputado justicialista Rodrigo Vera fundamentó la negativa al tratamiento sobre tablas.

Paradójicamente, el legislador oficialista reconoció la necesidad de revisar estructuras dentro de la Justicia provincial y del Ministerio Público Fiscal.

Su argumento fue que la reciente reforma constitucional abrió un proceso para avanzar en una revisión más profunda del sistema judicial y que modificaciones de esta naturaleza deberían discutirse dentro de ese marco.

La explicación, sin embargo, no despeja el interrogante político.

Si existe coincidencia respecto de la necesidad de revisar herramientas y fortalecer la persecución de determinados delitos, ¿por qué impedir que una iniciativa concreta sea discutida por los representantes provinciales?

El oficialismo tenía la posibilidad de debatirla, modificarla, cuestionarla artículo por artículo o incluso presentar una propuesta alternativa. Optó, en cambio, por no habilitar su tratamiento inmediato.

MIENTRAS LA POLÍTICA DISCUTE, EL ABIGEATO CONTINÚA

La discusión legislativa tampoco ocurre en el vacío.

En los últimos días volvió a conocerse un procedimiento por abigeato calificado en la zona rural de Palo Santo, donde efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales secuestraron carne de reciente faena, herramientas y un arma de fuego.

Además, esta semana se presentó ante la Policía un hombre que permanecía prófugo en otra investigación por abigeato calificado iniciada en julio, causa que había derivado en allanamientos en Palo Santo, Colonia Potrero Norte y Colonia El Coatí, con secuestros de productos cárnicos, herramientas y vehículos.

Estos episodios muestran que el delito rural no constituye una discusión abstracta dentro de la Legislatura.

Es un problema concreto que obliga a productores a convivir con pérdidas económicas, inseguridad y la necesidad de obtener respuestas rápidas cuando desaparece un animal o se produce una faena clandestina.

DEL DEBATE PRODUCTIVO AL CRUCE POLÍTICO

La sesión también volvió a mostrar hasta qué punto cualquier discusión vinculada con el campo termina atravesada por la grieta política.

Vera responsabilizó al Gobierno nacional por la situación que atraviesa el sector productivo y aprovechó su intervención para cuestionar al diputado nacional Francisco Paoltroni, quien viene denunciando persecución política y económica en Formosa.

De esta manera, una discusión que debía concentrarse en una pregunta concreta —cómo mejorar la investigación y persecución del abigeato— terminó nuevamente mezclada con el enfrentamiento entre oficialismo y oposición.

Y allí aparece otra contradicción.

Se puede discutir la política económica nacional, las responsabilidades de Nación y la situación general del sector productivo. Pero ninguna de esas discusiones responde por sí sola a la necesidad de determinar si Formosa necesita o no una fiscalía especializada para combatir los delitos rurales.

UNA DISCUSIÓN QUE EL OFICIALISMO SOLO LOGRÓ POSTERGAR

La iniciativa continuará ahora su recorrido en comisiones y desde la UCR adelantaron que insistirán para que vuelva al recinto.

Por eso, técnicamente sería incorrecto afirmar que el PJ eliminó definitivamente el proyecto.

Lo que hizo fue impedir su tratamiento sobre tablas y postergar el debate.

Pero esa decisión también tiene un costo político.

Porque mientras los productores reclaman respuestas frente al abigeato y aparecen nuevos procedimientos policiales vinculados al robo y faena de ganado, la Legislatura tenía delante una propuesta concreta para fortalecer la persecución penal especializada.

El oficialismo decidió que todavía no era el momento de discutirla.

Los productores rurales, que sufren las consecuencias cada vez que desaparece un animal de sus campos, probablemente tengan otros tiempos.