Pablo Basualdo responsabilizó a Insfrán por la persecución y espionaje policial en Las Lomitas: "Son prácticas propias de una dictadura"

Una acusación de enorme gravedad institucional volvió a colocar bajo cuestionamiento el accionar de la Policía de Formosa y su subordinación con el poder político provincial.

El intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo, denunció públicamente que viene siendo objeto de tareas de seguimiento, fotografías e intimidación por parte de efectivos policiales y responsabilizó directamente al gobernador Gildo Insfrán, al Ministerio de Gobierno y a la conducción de la fuerza por lo que definió como un aparato destinado a "perseguir, amedrentar y generar miedo" entre quienes se enfrentan políticamente al oficialismo.

Basualdo fue todavía más lejos: aseguró que la utilización política de organismos estatales forma parte de "prácticas claras de la dictadura" y acusó al Gobierno de haber "prostituido todas las instituciones", convirtiendo —según su denuncia— a sectores de la Policía y de la Justicia en engranajes de persecución contra adversarios.

Son acusaciones extremadamente graves que deberán ser investigadas y sobre las cuales corresponde escuchar también la explicación del Gobierno provincial y de la Policía. Pero la entidad institucional de quien denuncia —un intendente en ejercicio— y la identificación de un funcionario policial concreto obligan, como mínimo, a reclamar respuestas.

"Estuvo siguiéndome durante todo el día"

El episodio denunciado habría ocurrido después de varios meses en los que, según Basualdo, opera en Las Lomitas un grupo encargado de realizar tareas de inteligencia política.

El intendente afirmó haber advertido durante una jornada que un mismo efectivo aparecía reiteradamente en los lugares donde él se encontraba.

Identificó al hombre como el comisario inspector Orquera.

"Estuve en diferentes lugares, estuve en una reunión en la avenida y él, de una u otra manera, siempre estaba permanentemente siguiendo y tomando fotos", relató.

Pero el momento que terminó desatando su reacción ocurrió cuando regresó a su domicilio.

Según Basualdo, encontró al funcionario policial frente a su casa tomando registros fotográficos mientras en la vereda se encontraba una pequeña integrante de su familia.

"Lo encuentro tomando registros, tomando fotos", afirmó.

El intendente decidió entonces confrontarlo para preguntarle qué estaba haciendo.

De acuerdo con su relato, no obtuvo ninguna explicación.

"Lo primero que hizo fue acelerar y se fue", aseguró.

Para Basualdo, aquella reacción terminó confirmando sus sospechas sobre la naturaleza del seguimiento.

Una pregunta que la Policía debe responder

Si los hechos ocurrieron como fueron denunciados, existe una cuestión elemental que la conducción policial debería aclarar:

¿qué hacía un comisario inspector fotografiando y siguiendo durante horas al intendente constitucional de Las Lomitas?

¿Existía una orden judicial?

¿Había una investigación formal?

¿Quién dispuso esa tarea?

¿A qué dependencia reportaba?

¿Dónde quedaron las fotografías y registros presuntamente obtenidos?

Si se trataba de una actividad policial legítima, debería existir una explicación institucional.

Y si no existía ninguna orden legal que justificara el seguimiento, la situación adquiere una gravedad completamente diferente.

La Policía provincial no puede funcionar como una estructura de inteligencia partidaria.

Su obligación constitucional es brindar seguridad a los ciudadanos, no vigilar adversarios del Gobierno.

"El brazo ejecutor"

Basualdo utilizó términos durísimos para describir lo sucedido.

"La Policía que debería estar para cuidarnos es la Policía que se ha convertido en el brazo ejecutor de todos los delitos que lleva adelante el Gobierno de la provincia", acusó.

Y sostuvo que el supuesto seguimiento tendría una finalidad política concreta.

"A perseguir, a amedrentar, a generar miedo contra cualquier persona que piense distinto", afirmó.

El intendente responsabilizó expresamente "al gobernador, al ministro de Seguridad y a toda la cúpula del Gobierno de la provincia".

No presentó el episodio como un exceso individual de un policía.

Lo describió como parte de un mecanismo organizado desde el poder político.

Precisamente por eso la acusación requiere una respuesta institucional mucho más profunda que el silencio.

Una denuncia ante Gendarmería Nacional

Basualdo aseguró que decidió no formular la presentación solamente ante organismos provinciales.

Según explicó, junto con el diputado nacional Atilio Basualdo realizó una denuncia ante Gendarmería Nacional para dejar formalmente asentado lo sucedido.

"Está dejando un antecedente más para qué ocupan a la Policía de la provincia", sostuvo.

La elección de una fuerza federal para presentar la denuncia también expone la dimensión de la crisis de confianza que describe el intendente.

Basualdo afirma no confiar en las estructuras provinciales que deberían recibir e investigar precisamente su acusación.

Del camión baleado a una persecución en Paraguay

El jefe comunal sostuvo además que el episodio no puede analizarse aisladamente.

Recordó otros hechos que anteriormente vinculó con la persecución política.

"En algún momento nos han baleado un camión cuando llevábamos agua a un campo, nos han perseguido en Paraguay y ahora esta situación", enumeró.

Particularmente grave es su referencia a una supuesta persecución sufrida en Asunción, Paraguay.

Si existieran elementos que permitan establecer que agentes o personas vinculadas a estructuras estatales formoseñas realizaron tareas de seguimiento político fuera del territorio argentino, el caso excedería ampliamente una disputa provincial.

Por eso, estos antecedentes necesitan ser investigados individualmente y acreditados judicialmente. La reiteración de denuncias no sustituye la prueba, pero tampoco habilita a las autoridades a ignorarlas.

"Si mañana sucede algo, sabemos quién es el responsable"

El tramo más inquietante de sus declaraciones llegó cuando Basualdo formuló una advertencia pública sobre su seguridad.

"Si el día de mañana sucede algo, sabemos quién es el responsable", expresó.

Y apuntó nuevamente contra "la Policía de la provincia por orden del gobernador Gildo Insfrán".

Es una imputación directa que no debería naturalizarse como una frase más dentro de la confrontación política formoseña.

Un intendente está diciendo públicamente que teme por su seguridad y responsabiliza anticipadamente a estructuras del Estado provincial.

Ante semejante acusación, la obligación institucional debería ser despejar inmediatamente cualquier sospecha mediante una investigación independiente.

"Han prostituido todas las instituciones"

Basualdo vinculó además el accionar policial que denuncia con el funcionamiento de la Justicia provincial.

"Después están las causas judiciales que te generan, los jueces cómplices, la Policía cómplice", afirmó.

Según su interpretación, Formosa atraviesa una concentración de poder en la cual la división republicana se encuentra severamente deteriorada.

"Insfrán elige quién va a ir preso, quién no va a ir preso", acusó.

Y posteriormente pronunció una de las definiciones políticas más fuertes de toda la entrevista:

"Han prostituido todas las instituciones".

Basualdo responsabilizó por esa situación al gobernador y a altos funcionarios provinciales y sostuvo que la consecuencia más grave es la pérdida de confianza social.

"Esto genera que el formoseño ya no crea en la Justicia, que el formoseño ya no crea en la Policía de la provincia", señaló.

Cuando el policía pasa de proteger a vigilar y perseguir

La discusión excede incluso a Basualdo.

En una democracia, las fuerzas de seguridad poseen herramientas excepcionales precisamente porque el Estado les confía una enorme cuota de poder.

Pueden portar armas.

Detener personas bajo determinadas circunstancias.

Realizar investigaciones.

Cumplir órdenes judiciales.

Acceder a información sensible.

Por eso mismo, utilizar cualquiera de esas capacidades con objetivos partidarios representaría una desviación institucional particularmente grave.

Una Policía democrática protege al opositor exactamente igual que protege al oficialista.

No pregunta qué partido integra el ciudadano antes de garantizarle seguridad.

Y mucho menos puede convertirse en un mecanismo de vigilancia de quienes cuestionan al Gobierno.

La responsabilidad política de esclarecerlo

Basualdo calificó lo ocurrido como "prácticas fascistas, propias de una dictadura".

Es una caracterización política extremadamente severa.

Pero más importante que discutir el calificativo es establecer qué ocurrió.

Si el comisario señalado estaba realizando una actividad legal, la Policía debería explicarla y documentarla.

Si no estaba cumpliendo ninguna orden judicial ni tarea legítima, debería investigarse quién dispuso el seguimiento y con qué finalidad.

Y si existiera evidencia de que una estructura policial fue utilizada para vigilar políticamente al intendente y al diputado nacional Atilio Basualdo, la responsabilidad no podría agotarse en el efectivo que tomó las fotografías.

Habría que reconstruir toda la cadena de mando.

Una democracia no puede acostumbrarse a estas denuncias

Formosa atraviesa desde hace años una confrontación política extremadamente intensa. Precisamente por eso resulta indispensable que determinadas fronteras permanezcan intactas.

La Policía no pertenece al gobernador.

La Justicia no pertenece al oficialismo.

Los organismos estatales no son herramientas partidarias.

Y un opositor no pierde sus derechos porque confronte con quien gobierna.

Pablo Basualdo cerró sus declaraciones asegurando que mantiene la esperanza de que esta realidad termine.

"En algún momento esto va a cambiar", afirmó.

Pero antes de cualquier cambio político existe una obligación mucho más inmediata.

Explicar por qué un intendente denuncia que un comisario inspector lo siguió, fotografió sus movimientos y terminó frente a su domicilio.

Porque si existe una explicación legal, la sociedad merece conocerla.

Y si no existe, el problema ya no es solamente una pelea entre Basualdo e Insfrán.

Es un problema de Estado.