La Policía desmintió a Pablo Basualdo, pero terminó confirmando el dato central: el comisario estaba frente a la casa de su familia

La Policía de Formosa salió finalmente a responder la gravísima denuncia realizada por el intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo , quien difundió un video donde confronta a un comisario inspector al que acusa de haberlo seguido durante horas, tomar fotografías de sus movimientos y terminar estacionado frente al domicilio de su familia.

Pero el comunicado oficial, presentado bajo una proclamada defensa de "la verdad, la transparencia y la responsabilidad", contiene una particularidad imposible de pasar por alto: al intentar desmentir a Basualdo, la propia Policía confirmó una parte sustancial del escenario registrado por el intendente.

Reconoció que el hombre confrontado era efectivamente un policía que presta servicios en Las Lomitas. Reconoció que se encontraba dentro de su automóvil particular. Y confirmó que estaba estacionado sobre la calle Jorge Newbery, frente a la sede del Partido Justicialista y "en inmediaciones del domicilio del diputado nacional Atilio Basualdo" .

Lo que la institución niega es la interpretación central realizada por Pablo Basualdo: que aquel policía estuviera desarrollando tareas de seguimiento, vigilancia o inteligencia.

Según la versión oficial, simplemente estaba allí "a la espera de una persona conocida".

Y es precisamente esa explicación la que ahora deberá superar el escrutinio público.

La Policía dice que esperaba a un conocido; Basualdo asegura que lo siguió durante todo el día

El episodio ocurrió el 14 de agosto alrededor de las 19:30, según confirmó la propia institución.

Pablo Basualdo sostiene que no se encontró casualmente con aquel funcionario policial. Denunció que venía observándolo durante el día en diferentes lugares, siguiéndolo y registrando sus movimientos, hasta que finalmente lo encontró estacionado frente a la vivienda familiar.

El intendente decidió entonces aproximarse cámara en mano y exigirle explicaciones.

La versión policial admite ese encuentro, aunque sostiene que fue Basualdo quien se acercó al automóvil y comenzó a filmar y cuestionar al efectivo.

También confirma otro detalle visible en las imágenes: el policía no respondió las preguntas y se retiró inmediatamente del lugar .

Según la fuerza, esa conducta tuvo una explicación perfectamente inocente: el funcionario decidió marcharse "con el propósito de evitar que la situación continuara o derivara en un intercambio innecesario".

Para Basualdo, ocurrió exactamente lo contrario: interpretó la partida inmediata como la reacción de alguien que acababa de ser descubierto realizando una tarea que no podía explicar.

Dos versiones enfrentadas.

Pero una sola pregunta capaz de despejar buena parte de la controversia:

¿Qué hacía exactamente el funcionario policial frente al domicilio de los Basualdo?

Decir que "esperaba a una persona conocida" puede constituir una explicación. No constituye por sí sola una demostración.

Una desmentida que no responde las preguntas centrales

La Policía asegura que no existió "persecución u hostigamiento" y afirma que la interpretación de los hechos corre exclusivamente por cuenta de Pablo Basualdo.

Pero el comunicado omite responder varios interrogantes planteados por la denuncia.

¿El efectivo había estado anteriormente en otros lugares donde se encontraba el intendente?

¿Existen cámaras públicas o privadas que permitan reconstruir sus movimientos durante esas horas?

¿Tomó fotografías o grabaciones desde el interior del automóvil?

¿A quién esperaba?

¿Esa persona efectivamente llegó?

¿Por qué se encontraba precisamente en las inmediaciones de la vivienda de uno de los principales dirigentes opositores de la provincia?

¿Había alguna tarea policial formal?

¿Existía una orden judicial?

Son preguntas perfectamente verificables.

Y tratándose de una acusación de semejante gravedad, una investigación transparente debería procurar responderlas con pruebas objetivas y no limitarse a enfrentar la palabra del intendente con la palabra del funcionario cuestionado.

El problema son los antecedentes

Si este fuera el primer episodio denunciado por la familia Basualdo, la explicación de una coincidencia podría resultar mucho menos controvertida.

Pero no lo es.

El 28 de septiembre de 2024 , efectivos de la Policía provincial dispararon contra las cubiertas de un camión cisterna perteneciente a Atilio Basualdo. Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación, denunció públicamente que se trataba de una represalia política producida después del acercamiento del entonces intendente de Las Lomitas a La Libertad Avanza.

La Policía provincial dio una versión completamente diferente: sostuvo que el conductor intentó evadir un control y puso en peligro a los efectivos, motivo por el cual uno de ellos efectuó disparos contra una rueda.

La motivación política denunciada por Bullrich nunca quedó acreditada judicialmente.

Pero el camión baleado por efectivos policiales sí existió .

Y apenas un mes después ocurrió algo todavía más difícil de explicar como una simple construcción política.

Dos policías formoseños demorados en Paraguay

El 26 de octubre de 2024, Atilio Basualdo denunció ante la Policía paraguaya que varias personas en motocicletas lo seguían durante su recorrido por Asunción.

La Policía Nacional de Paraguay intervino y demoró a dos de los sospechosos.

No eran ciudadanos cualquiera.

Eran integrantes de la Policía de Formosa. Medios paraguayos identificaron a Alejandro Cesilio Portillo y Brian Matías Sebastián Genes y consignaron que habían sido señalados como parte del grupo que presuntamente seguía a Basualdo.

ABC Color informó además que entre los elementos encontrados en poder de los agentes había esposas, herramientas y varias camperas, circunstancias que el propio jefe policial paraguayo consideró llamativas, aunque los hombres no tenían armas y posteriormente fueron liberados por disposición fiscal.

Atilio Basualdo sostuvo entonces que había sido víctima de un presunto intento de atentado y responsabilizó políticamente a Gildo Insfrán. Esa gravísima acusación correspondió a Basualdo y no fue acreditada judicialmente como un intento de asesinato .

Pero hubo un dato que terminó reconociendo hasta la propia Policía formoseña: los dos efectivos habían viajado a Paraguay sin autorización institucional , motivo por el cual se iniciaron actuaciones administrativas.

Por eso, cuando casi dos años después Pablo Basualdo denuncia nuevamente que encontró a un funcionario policial siguiendo sus movimientos y estacionado frente al domicilio familiar, el episodio no puede analizarse en un vacío histórico.

La palabra "desmentido" no borra los antecedentes

Aquí aparece el principal problema político de la respuesta oficial.

Una institución puede desmentir una acusación. Está en todo su derecho y, frente a semejante imputación, incluso tiene la obligación de ofrecer su versión.

Pero una desmentida institucional no transforma automáticamente esa versión en verdad probada .

Mucho menos cuando existen imágenes, un funcionario identificado y antecedentes concretos que justifican exigir una investigación seria.

El comunicado policial sostiene que "cada situación es analizada con seriedad, objetividad y transparencia" y afirma que no se encubren conductas incompatibles con la función.

Perfecto.

Entonces la salida resulta sencilla: investigar y transparentar .

Que se preserven las cámaras de seguridad de los lugares mencionados por Pablo Basualdo.

Que se reconstruya el recorrido del vehículo.

Que se determine si efectivamente el comisario permaneció durante el día en distintos sitios donde estuvo el intendente.

Que se establezca si realizó fotografías.

Y que se identifique, preservando los datos personales que correspondan, algún elemento objetivo que permita verificar la explicación de que se encontraba allí por un motivo estrictamente particular.

Eso sería transparencia.

La Policía no puede investigarse solamente a sí misma

La situación presenta además un problema institucional evidente: quien aparece cuestionada es la propia fuerza encargada de producir buena parte de las actuaciones destinadas a determinar qué ocurrió.

Por eso, teniendo en cuenta los antecedentes y la dimensión política del caso, resulta razonable reclamar mecanismos de investigación capaces de ofrecer garantías tanto al denunciante como al policía señalado.

Pablo y Atilio Basualdo informaron que recurrieron a Gendarmería Nacional para dejar asentada su denuncia.

Ahora corresponde que las pruebas hablen.

Porque si el comisario estaba allí por una razón absolutamente ajena a los Basualdo, el propio funcionario merece que eso quede demostrado y su nombre sea desligado de una acusación tan grave.

Pero si existió seguimiento o recopilación de información sin una orden legal que lo justificara, Formosa estaría frente a un hecho institucional de enorme gravedad .

¿Coincidencia, tarea particular o vigilancia política?

Ese es el interrogante que el comunicado policial no consiguió cerrar.

El episodio se produce, además, en medio de una confrontación política cada vez más profunda entre el gobierno de Gildo Insfrán y dirigentes libertarios que vienen denunciando falta de división de poderes y persecución institucional.

Atilio Basualdo pasó de integrar el esquema político provincial a convertirse en diputado nacional opositor. Pablo Basualdo gobierna Las Lomitas y sostiene públicamente que su familia está siendo sometida a vigilancia y hostigamiento.

Nada de ese contexto demuestra por sí solo la existencia de espionaje político.

Pero todo ese contexto obliga a investigarlo con mucha mayor transparencia .

Porque ya hubo un camión baleado.

Ya hubo dos policías formoseños demorados en otro país después de que Basualdo denunciara que lo seguían.

Y ahora la propia institución reconoce que otro funcionario policial se encontraba dentro de un automóvil frente a las inmediaciones de la vivienda familiar, aunque asegura que simplemente esperaba a un conocido.

La mejor desmentida son las pruebas

La Policía provincial tituló su respuesta como una desmentida categórica.

Sin embargo, en democracia, cuando una fuerza de seguridad es acusada de vigilar a dirigentes políticos, la confianza pública no se recupera mediante comunicados: se recupera mediante pruebas, controles independientes y explicaciones verificables .

Pablo Basualdo mostró su video y formuló su acusación.

La Policía dio su versión y negó cualquier seguimiento.

Ahora falta lo verdaderamente importante: establecer objetivamente qué ocurrió.

Porque después de los antecedentes acumulados alrededor de la familia Basualdo, responder simplemente que un comisario estaba frente a su domicilio "esperando a una persona conocida" difícilmente alcance para clausurar una controversia de semejante gravedad.

La pregunta continúa intacta: qué hacía allí, qué estuvo haciendo durante las horas anteriores y quién puede demostrarlo.

Y si el Gobierno provincial pretende terminar definitivamente con las denuncias de persecución política, tiene una oportunidad extraordinaria para hacerlo: que abra toda la información, preserve las pruebas y permita que los hechos hablen por sí solos.