Escándalo en Humanidades: denuncian a tres docentes por presunto fraude con documentación para acceder a la condición de ordinarios

Un nuevo y delicado frente se abre en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF). Tres docentes fueron denunciados ante el Consejo Superior por la presunta presentación de información o documentación irregular destinada a acreditar los requisitos necesarios para acceder a la condición de docentes ordinarios mediante el procedimiento previsto en el artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo.

La presentación alcanza, según la información aportada, a Miriam Graell, Maura López y Jorge Parra, todos pertenecientes a la Facultad de Humanidades.

La acusación es concreta: los denunciantes sostienen que habrían declarado o acreditado una antigüedad superior a la que realmente correspondía computar respecto de los cargos por los cuales obtuvieron el beneficio.

De comprobarse, ya no se estaría ante una simple diferencia interpretativa sobre una norma universitaria, sino frente a una posible irregularidad en un procedimiento administrativo que otorgó derechos y estabilidad dentro de una Universidad Nacional.

El artículo 73 y un beneficio excepcional

El punto central de la controversia está en el mecanismo contemplado por el artículo 73.

En el marco del procedimiento correspondiente, esa disposición permitió excepcionalmente que determinados docentes que reunían las condiciones requeridas —entre ellas una antigüedad superior a cinco años en el cargo alcanzado— pudieran acceder por única vez a su incorporación como docentes ordinarios.

Precisamente por tratarse de un mecanismo extraordinario, la veracidad de los antecedentes utilizados para acreditar los requisitos resulta esencial.

La antigüedad no constituye un dato secundario.

Si era una de las condiciones necesarias para acceder al procedimiento, cualquier eventual alteración, declaración incorrecta o documentación falsa podría comprometer la validez del beneficio obtenido.

Eso es justamente lo que ahora deberá analizar el Consejo Superior.

Tres docentes bajo la lupa

Según la denuncia, Graell, López y Parra habrían computado períodos que los denunciantes consideran improcedentes para alcanzar la antigüedad requerida.

Será necesario, por lo tanto, confrontar lo declarado por cada docente con sus respectivas designaciones, resoluciones, altas, cargos, antecedentes laborales y demás documentación existente en los archivos universitarios.

La gravedad de la acusación exige dos cosas simultáneamente: una investigación rigurosa y pleno derecho de defensa para los docentes denunciados.

Una denuncia no prueba por sí sola la existencia de fraude. Tampoco permite afirmar anticipadamente que un documento sea falso.

Pero una acusación de estas características, presentada ante el máximo órgano colegiado de la Universidad, tampoco puede ser archivada sin determinar qué ocurrió.

Las vinculaciones políticas vuelven a aparecer

La presentación adquiere además una inevitable dimensión política por la presunta cercanía de los docentes cuestionados con el sector encabezado por el decano de Humanidades, Rafael Olmedo.

Según sostienen los denunciantes, Olmedo también habría sido objeto de un cuestionamiento relacionado con la aplicación del mismo mecanismo, mientras que mencionan situaciones que consideran similares respecto de otros integrantes de la comunidad universitaria, entre ellos Ariel Delgado y Griselda Correa.

La reiteración de nombres pertenecientes o cercanos a un mismo espacio interno llevó a los denunciantes a plantear un interrogante todavía más delicado: si se trató de situaciones individuales o si pudo existir algún grado de coordinación destinado a facilitar el acceso irregular a determinados beneficios universitarios.

¿Casos aislados o un mecanismo?

Esa es probablemente la pregunta más importante que deberá responder cualquier investigación.

Un error administrativo individual puede tener una explicación.

Pero si aparecieran múltiples expedientes con un mismo patrón, similares mecanismos de acreditación y beneficiarios vinculados a un mismo sector, correspondería analizar integralmente los antecedentes para determinar si existe alguna relación entre los casos.

Los denunciantes incluso sostienen que una eventual actuación coordinada podría tener consecuencias penales y mencionan la figura de asociación ilícita.

Ese punto exige especial prudencia: la existencia de una asociación ilícita no puede inferirse simplemente porque varias personas hayan sido denunciadas por situaciones parecidas o mantengan vínculos políticos entre sí. Para semejante imputación deben acreditarse los elementos específicos que exige la legislación penal, cuestión que correspondería eventualmente investigar y determinar a la Justicia.

Pero eso no impide que la Universidad examine si existieron patrones administrativos comunes y, en caso de encontrar indicios de posibles delitos, remita los antecedentes a los organismos competentes.

El Consejo Superior tiene ahora una responsabilidad

El caso coloca al Consejo Superior frente a una prueba institucional.

No debería importar si los denunciados pertenecen al oficialismo universitario, a la oposición o a determinada agrupación.

La pregunta debe ser exclusivamente documental:

¿Cumplían o no cumplían los requisitos al momento de acceder al beneficio?

Para responderla existen legajos, resoluciones, designaciones y expedientes administrativos.

Si los antecedentes demuestran que la antigüedad fue correctamente acreditada, deberá quedar establecido y los docentes tendrán derecho a que se despejen públicamente las sospechas.

Pero si se comprobara que se utilizaron datos falsos o documentación irregular para alcanzar una condición que de otro modo no correspondía, la Universidad deberá determinar las consecuencias administrativas y, eventualmente, poner los antecedentes a disposición de la Justicia.

Transparencia antes que protección corporativa

La UNaF atraviesa desde hace meses una profunda confrontación institucional. Ese escenario no puede convertirse en una excusa para transformar cada denuncia en una operación política, pero tampoco para proteger corporativamente a nadie.

La mejor respuesta es abrir los expedientes y revisar la documentación.

Porque la condición de docente ordinario no es un favor político. Es una situación académica y laboral regulada por normas que deben aplicarse bajo iguales condiciones.

Si para acceder a un procedimiento excepcional era necesario reunir determinada antigüedad, nadie debería poder fabricar administrativamente los años que le faltan.

Y si la denuncia resulta infundada, también debe decirse con la misma claridad.

Lo que ya no resulta razonable es dejar semejantes interrogantes flotando sobre una Facultad atravesada por permanentes controversias.

Humanidades necesita respuestas. Y esta vez las respuestas no están en los discursos ni en las internas políticas: están en los legajos, las resoluciones y los expedientes que deberán demostrar quién cumplía realmente los requisitos y quién no.