Escándalo por ausentismo en la UNaF: denuncian inasistencias, licencias bajo sospecha y privilegios en el entorno de Olmedo

Una nueva controversia sacude a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y vuelve a instalar una discusión incómoda pero necesaria: ¿quién controla que quienes ocupan cargos de planta permanente y perciben sus remuneraciones cumplan efectivamente las funciones para las que fueron designados?

Esta vez, los cuestionamientos se concentran sobre presuntas situaciones de ausentismo, incumplimiento de tareas y sucesivas licencias médicas atribuidas al profesor Luis Torres y a Valeria Olmedo , hija del decano de la Facultad de Humanidades, Rafael Olmedo.

Según la denuncia conocida, ambos pertenecen a la planta permanente de la Universidad y revisten categorías elevadas dentro del escalafón. Precisamente por eso, las acusaciones adquieren especial relevancia: cuanto mayor es la responsabilidad institucional, mayor debería ser también la obligación de rendir cuentas sobre el cumplimiento efectivo de las tareas asignadas.

Intimaciones por inasistencias e incumplimiento de funciones

De acuerdo con los antecedentes administrativos invocados por los denunciantes, Torres y Olmedo habrían sido intimados por situaciones relacionadas con inasistencias y falta de cumplimiento de las funciones que les fueron asignadas .

Si esa documentación administrativa confirma efectivamente esos extremos, la cuestión excede ampliamente una pelea entre sectores internos.

Se trata del funcionamiento de una Universidad Nacional financiada con recursos públicos y, por consiguiente, de empleados que están sometidos a obligaciones laborales, controles administrativos y responsabilidades que deberían aplicarse de la misma manera para todos.

Ninguna pertenencia política, relación familiar o cercanía con una autoridad universitaria debería convertirse en un privilegio frente al cumplimiento de esas normas.

Certificados médicos y licencias que generan interrogantes

La denuncia agrega otro elemento que deberá ser debidamente comprobado.

Según lo expuesto, después de las situaciones que habrían originado las intimaciones administrativas se presentaron sucesivas licencias respaldadas por certificados médicos atribuidos al profesional Miguel Ramón Correa , identificado por los denunciantes como hermano de la docente Griselda Correa.

Posteriormente, tanto Torres como Valeria Olmedo habrían presentado licencias psiquiátricas por períodos de 30 días .

La existencia de una licencia médica, naturalmente, no constituye por sí misma ninguna irregularidad . Todo trabajador tiene derecho a recurrir a ella cuando existe una condición de salud que lo justifica, y cualquier valoración sobre un diagnóstico pertenece al ámbito médico y debe preservar la intimidad de las personas.

Lo que sí corresponde controlar administrativamente —y es allí donde debe concentrarse cualquier investigación— es si las licencias fueron otorgadas y tramitadas conforme a las normas, si cumplieron los procedimientos exigidos y si existieron los controles correspondientes.

Calificarlas directamente como "licencias truchas" sin una determinación administrativa, médica o judicial que lo acredite sería irresponsable . Pero tampoco sería aceptable que las autoridades universitarias ignoraran denuncias concretas sobre posibles irregularidades.

Luis Torres y una gestión ya cuestionada en Radio UNaF

En el caso del profesor Luis Torres, los cuestionamientos se producen además después de las denuncias conocidas sobre el funcionamiento de Radio UNaF 102.7 FM , área en la que se desempeñó como director de Radiodifusión.

Integrantes de la comunidad universitaria habían denunciado una prolongada interrupción de la programación habitual de la emisora y reclamado explicaciones sobre el cumplimiento de las responsabilidades correspondientes.

Ahora, las nuevas acusaciones sobre presuntas inasistencias agregan otro capítulo a los cuestionamientos sobre su desempeño.

La Universidad debería determinar con documentación concreta qué funciones tenía asignadas, cuáles cumplió, qué inasistencias fueron justificadas y cuáles motivaron eventualmente intimaciones administrativas.

No hacen falta condenas anticipadas. Hacen falta expedientes, controles y respuestas.

El apellido Olmedo y la obligación de despejar cualquier sospecha de privilegios

La situación de Valeria Olmedo tiene además una inevitable dimensión institucional por tratarse de la hija del decano Rafael Olmedo.

El parentesco no demuestra ninguna irregularidad ni puede constituir motivo de condena.

Pero precisamente por existir ese vínculo con una de las máximas autoridades de una Facultad, la administración universitaria tiene la responsabilidad de garantizar una transparencia todavía mayor para despejar cualquier sospecha de tratamiento preferencial.

Si cumplió con todas sus obligaciones y las licencias fueron otorgadas correctamente, la documentación administrativa debería permitir demostrarlo.

Si existieron incumplimientos, deben aplicarse los mismos procedimientos y sanciones previstos para cualquier otro trabajador.

La Universidad no puede tener empleados de primera y de segunda según el apellido, la agrupación política a la que pertenezcan o su cercanía con determinada autoridad.

Una Universidad pública exige responsabilidad

El problema de fondo supera ampliamente los nombres involucrados.

En una institución pública, el salario implica una contraprestación. Quien ocupa un cargo tiene derechos laborales que deben respetarse, pero también obligaciones que debe cumplir.

Cuando aparecen denuncias por ausentismo reiterado, incumplimiento de funciones o posibles irregularidades administrativas, corresponde activar los mecanismos institucionales para determinar qué ocurrió.

No mediante escraches.

No mediante persecuciones.

Pero tampoco mediante silencios corporativos.

Con expedientes, auditorías, controles y aplicación igualitaria de las normas.

Investigar antes que encubrir o condenar

La UNaF atraviesa desde hace meses una profunda confrontación política e institucional. Precisamente por eso, cada denuncia debe ser tratada con especial responsabilidad para evitar que los hechos queden sepultados debajo de la guerra entre agrupaciones.

Las autoridades deberían esclarecer si existieron las intimaciones denunciadas, determinar los motivos, verificar el cumplimiento de las funciones asignadas y controlar la regularidad administrativa de las licencias presentadas.

Y los resultados deberían conocerse.

Porque si todo fue realizado correctamente, las personas cuestionadas tienen derecho a que quede aclarado.

Pero si se comprobaran irregularidades, también corresponde determinar responsabilidades.

La Universidad Nacional de Formosa no pertenece a un rector, a un decano, a una agrupación ni a una familia. Es una institución pública sostenida por toda la sociedad.

Por eso, frente a las denuncias de ausentismo y falta de cumplimiento de funciones, la respuesta no puede ser mirar hacia otro lado.

La regla debería ser sencilla y valer para todos: mismo salario, mismos derechos, mismas obligaciones y los mismos controles, sin privilegios políticos, familiares ni sectoriales.