Gialluca cuestiona la baja de imputabilidad mientras guarda silencio ante los abusos del poder en Formosa

La postura fue remitida a los jefes de bloques de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación. En el documento, se sostiene que no existe evidencia que justifique la baja de la edad de imputabilidad como respuesta eficaz a los problemas de seguridad en la Argentina y se advierte que, en un contexto de debilitamiento de políticas sociales, educativas y de cuidado por parte del Gobierno nacional, el sistema penal juvenil podría transformarse en un sustituto de políticas públicas integrales.

Desde esa perspectiva, se alerta sobre "el riesgo cierto de profundizar la criminalización de adolescentes, especialmente de sectores socialmente vulnerables", y se invoca el principio de protección integral establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061, así como los compromisos asumidos por el Estado argentino tras la reforma constitucional de 1994.

Asimismo, se cuestiona que la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal y la eventual aplicación de sanciones privativas de libertad de larga duración podrían implicar una regresión en los estándares de derechos humanos, en contradicción con los principios de progresividad y no regresividad.

Silencios incómodos en la provincia

Sin embargo, la intervención pública de Gialluca no pasó inadvertida en el plano local. Distintos sectores cuestionan que el defensor del pueblo mantenga una posición activa frente a iniciativas nacionales mientras ha guardado silencio ante denuncias reiteradas en la provincia vinculadas a abusos de poder, restricciones de garantías jurídicas, falta de independencia judicial y episodios represivos bajo la gestión del gobernador Gildo Insfrán.

Las críticas apuntan a una selectividad en la defensa institucional: firme en el plano discursivo frente a reformas impulsadas desde la Nación, pero ausente —según señalan— cuando se trata de intervenir ante conflictos estructurales que afectan derechos y garantías en el ámbito provincial.

Un nuevo escenario político

El debate sobre el Régimen Penal Juvenil se produce en un contexto de reconfiguración política a nivel nacional. Respaldado por recientes victorias legislativas, el Gobierno nacional evalúa impulsar una reforma electoral con vistas a 2027 que podría incluir la eliminación de las PASO, la derogación de la Ley de Lemas y la implementación de la boleta única de papel.

Ese escenario abre una nueva etapa de discusión institucional, donde las reglas del sistema político y las políticas penales aparecen entrelazadas en un clima de polarización creciente. En ese marco, la intervención del defensor del pueblo formoseño reaviva interrogantes sobre el alcance y la coherencia del rol de los organismos de control frente a los distintos niveles del poder.

Mientras el Congreso avanza con el tratamiento del proyecto, el debate excede la cuestión técnica sobre la edad de imputabilidad y se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo de seguridad, la vigencia de derechos y la responsabilidad de las instituciones en la defensa efectiva de las garantías constitucionales.