Indignación selectiva: Gialluca denuncia una publicación en redes tras años de silencio ante los insultos de Gildo Insfrán

La sorpresiva rapidez con la que el Gobierno provincial, la Defensoría del Pueblo y algunas asociaciones de padres de niños con autismo salieron a promover una denuncia penal por una supuesta publicación discriminatoria en la red social TikTok abrió un fuerte debate político e institucional en Formosa.

El planteo judicial fue impulsado por Gialluca junto a la Asociación Camino Azul TEA – Formosa, junto a padres de niños con autismo y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, quienes denunciaron penalmente a una persona identificada con las iniciales VSF por presuntos hechos discriminatorios (no precisados) contra personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA),  que les resultaron como insulto, descalificación o estigmatización, los llevó a denunciar un acto de discriminación.

El organismo provincial argumentó que las expresiones difundidas en redes sociales "menoscaban y denigran al colectivo de personas con autismo", afectando su dignidad, honor y derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

"Hay mucha violencia en las redes sociales, pero sin dudas la expresión más detestable de tal conducta se consuma cuando se agrede a quienes no pueden defenderse, denigrando su condición", señalaron desde la Defensoría del Pueblo, al justificar la presentación judicial.

Sin embargo, la contundencia del posicionamiento institucional generó cuestionamientos inmediatos por la evidente doble vara moral y política.

La polémica no gira únicamente en torno al contenido de la supuesta publicación —que hasta el momento ni la Defensoría ni las autoridades explicaron públicamente con precisión, ni difundieron quién es el autor ni qué dijo exactamente— sino en la selectividad con la que el aparato institucional decide intervenir cuando se trata de agravios.

En Formosa existe un extenso historial de expresiones agraviantes pronunciadas por el propio gobernador Gildo Insfrán desde ámbitos oficiales, discursos públicos e incluso instituciones educativas, que jamás motivaron denuncias, repudios institucionales ni intervenciones de la Defensoría del Pueblo.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2021 durante la inauguración de la Escuela Especial N° 1 "Armada Argentina", destinada a niños con discapacidad, cuando el mandatario provincial calificó a opositores como "manga de bombolos" en un acto oficial transmitido por la red de medios estatales.

A ese episodio se suman otras expresiones públicas del gobernador que también generaron controversia pero nunca derivaron en acciones institucionales. En 2022, por ejemplo, trató de "retrasada mental" a la dirigente María Eugenia Vial.

En otro momento calificó de "víboras" a docentes del colegio religioso Santa Teresita de Las Lomitas, y en reiteradas ocasiones utilizó términos como "zánganos", "reverendos hijos de su madre", "estúpidos" o "imbéciles" para referirse a quienes cuestionan su gestión.

Pese a tratarse de expresiones pronunciadas desde el poder político, en actos oficiales y amplificadas por medios públicos, ninguna organización intermedia, ni la Defensoría del Pueblo, ni el sistema judicial provincial impulsaron acciones para investigarlas o sancionarlas.

Incluso, denuncias presentadas por sectores opositores en su momento fueron directamente desestimadas o nunca prosperaron en la justicia provincial.

Por eso, el contraste con la actual reacción institucional frente a una publicación en redes sociales generó suspicacias en distintos ámbitos políticos y sociales.

Para algunos analistas, la ofensiva judicial podría responder menos a una preocupación genuina por los derechos de las personas con discapacidad que a un viejo objetivo del poder político formoseño: avanzar hacia mecanismos de control sobre las redes sociales, un territorio que escapa al sistema de comunicación altamente centralizado que domina el oficialismo provincial.

"¿Si lo dice el gobernador está bien, pero si lo dice un ciudadano en redes es delito?", plantean críticos del gobierno, quienes consideran que la denuncia refleja una utilización selectiva de los principios de respeto y convivencia.

Nadie discute que las burlas o insultos hacia personas con discapacidad son repudiables y deben ser combatidos socialmente. El problema, sostienen, aparece cuando la defensa de esos valores se aplica solo cuando conviene políticamente y se ignora cuando proviene del poder.

En ese contexto, la pregunta que vuelve a instalarse en la discusión pública formoseña es incómoda pero inevitable:

¿Se busca proteger la dignidad de las personas o se intenta disciplinar el debate en las redes sociales?

La respuesta, para muchos, dependerá de si las instituciones están dispuestas a aplicar los mismos principios también cuando los agravios provienen del poder.