Gialluca despertó de una larga siesta: ahora pide investigar a Milei por las rutas, pero guardó silencio ante los escándalos de la obra pública kirchnerista en Formosa
El Defensor del Pueblo de Formosa volvió a cargar contra el Gobierno nacional y anunció presentaciones ante organismos de control y la Justicia por la falta de recursos para las rutas nacionales. El contraste resulta inevitable: durante años, mientras Formosa quedaba atravesada por denuncias, investigaciones y obras millonarias inconclusas, su voz estuvo era el silencio. Ruta 86, Ruta 81 y el inconcluso Gasoducto del Nordeste forman parte de una historia que obliga a preguntar: ¿por qué la vocación fiscalizadora parece haber aparecido recién con Javier Milei en la Casa Rosada?

La repentina preocupación del Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, por la administración de los recursos públicos nacionales abre un interrogante político inevitable: ¿dónde estuvo esa misma vocación de control durante los largos años en que la obra pública nacional y provincial en Formosa quedó salpicada por denuncias de corrupción, investigaciones judiciales, contratos controvertidos y obras pagadas que terminaron demoradas, paralizadas o inconclusas?
Gialluca informó ahora sobre acciones vinculadas a una causa que tramitaría ante el Juzgado Federal N°7 de Comodoro Py, en la que se cuestiona el manejo de fondos destinados a rutas y obras viales durante la administración del presidente Javier Milei.
"Gialluca tiene derecho a exigirle explicaciones a Milei. Lo que debe explicar ahora es por qué esa misma vocación fiscalizadora no se escuchó con igual fuerza frente a los escándalos de la obra pública de los años kirchneristas."
Además, reclamó la intervención de organismos nacionales de control como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).
Nada habría de cuestionable en que un Defensor del Pueblo exija explicaciones sobre el destino de los recursos públicos. Al contrario: controlar al poder debería constituir una de las funciones esenciales de una institución creada precisamente para defender los intereses de los ciudadanos.
El problema aparece cuando se mira hacia atrás.
Una rigurosidad que parece haber llegado con Milei
Durante décadas, Formosa estuvo gobernada por el mismo signo político y fue beneficiaria de cuantiosos recursos nacionales destinados a infraestructura. En ese período también aparecieron obras cuestionadas, investigaciones judiciales y proyectos inconclusos.
Sin embargo, resulta difícil encontrar en Gialluca la misma vehemencia que actualmente exhibe frente a la administración libertaria.
Hoy reclama auditorías, intervención de organismos de control y responsabilidades judiciales. Pero esa energía fiscalizadora contrasta con el perfil que mantuvo frente a episodios ocurridos durante los gobiernos kirchneristas y la administración provincial de Gildo Insfrán.
La contradicción se vuelve todavía más evidente porque el propio Gialluca viene responsabilizando públicamente al Gobierno nacional por el deterioro de las rutas. En enero de 2026 sostuvo que existía una decisión política de abandonar el mantenimiento vial y posteriormente cuestionó que Formosa no fuera incorporada a determinadas etapas de la Red Federal de Concesiones.
La pregunta, entonces, es sencilla: ¿por qué la Defensoría parece descubrir ahora que el manejo de los fondos viales merece controles, auditorías y eventualmente investigaciones judiciales?
Ruta 86: un antecedente que Gialluca debería recordar
Uno de los casos que inevitablemente vuelve a escena es el de la Ruta Nacional 86.
Se trata, paradójicamente, de una de las rutas cuyo deterioro actualmente genera fuertes reclamos de productores y habitantes del interior formoseño.
Durante los años del kirchnerismo, obras sobre esa traza quedaron relacionadas con empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez y fueron objeto de cuestionamientos por trabajos cobrados, avances discutidos y obras que quedaron sin finalizar.
El antecedente resulta particularmente incómodo frente al actual discurso del Defensor del Pueblo.
Porque si la utilización de recursos nacionales destinados a una ruta merece hoy semejante despliegue institucional, ¿por qué no se escuchó entonces una ofensiva equivalente reclamando auditorías, explicaciones y responsabilidades?
Ruta 81: hubo incluso un procesamiento judicial
El contraste se profundiza con otro antecedente relacionado directamente con Formosa: la Ruta Nacional 81.
El exadministrador general de Vialidad Nacional durante el kirchnerismo, Nelson Periotti, fue procesado por presunta administración fraudulenta agravada por irregularidades vinculadas a la construcción y mantenimiento de la denominada Malla 505 de la RN 81, entre las rutas nacionales 11 y 95.
La Cámara Federal confirmó ese procesamiento en 2019.
No se trataba, por lo tanto, simplemente de una disputa política entre oficialismo y oposición. Existió una investigación judicial que avanzó hasta el procesamiento de quien había conducido Vialidad Nacional.
¿Dónde estuvieron entonces los pedidos de intervención de la SIGEN y la AGN con la contundencia que Gialluca exhibe actualmente?
¿Dónde estuvieron las presentaciones públicas reclamando determinar responsabilidades por cada peso destinado a las rutas que atraviesan Formosa?
El Gasoducto del Nordeste: la obra que Formosa esperó durante años
Otro capítulo imposible de ignorar es el Gasoducto del Nordeste Argentino (GNEA), una de las obras de infraestructura más anunciadas durante los gobiernos kirchneristas.
El proyecto fue presentado como una transformación histórica para las provincias del NEA y debía permitir que Formosa y otras jurisdicciones accedieran al gas natural.
Sin embargo, los plazos originales quedaron largamente incumplidos y el proyecto atravesó sucesivas etapas, modificaciones, paralizaciones y obras pendientes. Años después de aquellos anuncios, distintas provincias continuaban reclamando su terminación.
Aquí también corresponde ser precisos: no puede afirmarse que absolutamente todo el GNEA "se cobró y no se hizo", porque hubo tramos efectivamente construidos. Lo comprobable es que el megaproyecto anunciado originalmente no se completó según los tiempos y alcances prometidos, pese a los cuantiosos recursos movilizados.
Y durante años miles de formoseños continuaron esperando el gas natural prometido.
Tampoco entonces la indignación institucional del Defensor pareció alcanzar los niveles que muestra hoy.
La doble vara que merece una explicación
Gialluca tiene todo el derecho —y como Defensor del Pueblo, también la obligación— de reclamar que el Gobierno de Javier Milei mantenga las rutas nacionales, explique el destino de los recursos específicos y garantice condiciones seguras para circular.
Pero justamente por ocupar ese cargo, debería aplicar exactamente la misma vara independientemente del color político del gobierno investigado.
No puede existir un Defensor implacable cuando gobierna Milei y contemplativo cuando las responsabilidades políticas apuntan hacia administraciones cercanas al oficialismo formoseño.
Porque un Defensor del Pueblo no debería ser defensor de un gobierno.
Debería ser defensor de los ciudadanos.
Y si hoy considera necesario recurrir a Comodoro Py, la SIGEN y la AGN para conocer qué ocurre con el dinero destinado a las rutas, sería saludable que explicara por qué esa misma determinación no apareció con semejante intensidad durante los años en que Formosa acumuló obras cuestionadas, contratos polémicos y proyectos inconclusos.
De reclamar por los baches a mirar también hacia atrás
La discusión sobre las rutas formoseñas no comenzó en diciembre de 2023.
Tampoco puede explicarse todo su deterioro exclusivamente a partir de la llegada de Javier Milei.
La infraestructura vial de Formosa arrastra problemas de larga data y antecedentes que atravesaron administraciones nacionales y provinciales de distintos signos políticos.
Por eso, reclamarle al actual Gobierno nacional que cumpla sus responsabilidades es absolutamente legítimo.
Lo que resulta políticamente llamativo es pretender comenzar la película desde el último capítulo.
Después de tantos años, Gialluca parece haber descubierto las virtudes de las auditorías, los organismos de control y Comodoro Py.
Bienvenida sea esa vocación fiscalizadora.
Pero para que resulte creíble deberá demostrar que funciona para todos.
Porque cuando un funcionario encargado de controlar levanta la voz únicamente frente a un adversario político y la baja frente al poder que gobierna su provincia, deja abierta una pregunta mucho más incómoda que cualquier bache:
¿Defiende al pueblo de Formosa o defiende políticamente al Gobierno de Formosa?
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