Gialluca y la ruta de la hipocresía: crítica selectiva y silencio cómplice en Formosa

El seudo defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, volvió a quedar en el centro de las críticas tras lanzar un duro pronunciamiento contra el estado de las rutas nacionales, en particular la Ruta Nacional N° 11. En su intervención, responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por la falta de mantenimiento y exigió el envío urgente de fondos para reparar la red vial.

Sin embargo, el planteo -aunque real- se derrumba su evidente sesgo político y su reiterado silencio frente a problemáticas estructurales que atraviesan la provincia desde hace décadas. Durante los años de gobiernos justicialistas y kirchneristas a nivel nacional, cuando el deterioro de las rutas también era alarmante, Gialluca nunca expresó preocupación ni realizó nunca un reclamos similar.

Más llamativo aún resulta su persistente omisión respecto del pésimo estado de las rutas provinciales en Formosa, muchas de ellas en condiciones críticas, con tramos intransitables y sin mantenimiento sostenido en el tiempo. Una situación que depende exclusivamente de la administración local y que, pese a su gravedad, no forma ni nuca formó parte de la agenda pública del organismo que encabeza.

A esto se suma el silencio frente a uno de los capítulos más cuestionados de la obra pública en el país: las millonarias adjudicaciones a empresas vinculadas a Lázaro Báez, en el marco de los gobiernos kirchneristas, por obras viales que en muchos casos no se concretaron o quedaron inconclusas, pese a haber sido pagadas en su totalidad. En Formosa, estas irregularidades también impactaron en la infraestructura vial, sin que desde la Defensoría del Pueblo se haya promovido una investigación o denuncia pública.

Lejos de asumir un rol independiente, Gialluca vuelve a mostrarse como un actor alineado con el discurso oficial provincial, focalizando sus críticas exclusivamente en la gestión nacional y omitiendo cualquier cuestionamiento a las responsabilidades locales. Un comportamiento que refuerza la percepción de que la Defensoría funciona más como una herramienta política que como un organismo de control al servicio de los ciudadanos.

En su reciente declaración, el funcionario también vinculó el deterioro de las rutas con el aumento de los siniestros viales y exigió que el Estado nacional "se haga cargo" de la situación. No obstante, evitó mencionar el impacto que tiene el abandono de la infraestructura provincial en la seguridad vial, ni las desigualdades estructurales que persisten en el territorio formoseño.

Así, el discurso de Gialluca vuelve a quedar atravesado por la selectividad: denuncias enfáticas cuando el foco apunta a Nación, silencio absoluto cuando las responsabilidades recaen en la órbita provincial.

Una doble vara que debilita la credibilidad institucional y pone en duda el verdadero compromiso del organismo con la defensa de los derechos de los formoseños.