Unanimidad para PROHIBIR: Cabrera anticipa consenso TOTAL mientras evita la crisis real de la educación formoseña

El diputado provincial del PJ y presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera, volvió a dejar en evidencia la lógica política que atraviesa el debate educativo en Formosa: construir consensos rápidos sobre medidas superficiales mientras se esquivan, una vez más, los problemas reales de fondo.

Al anticipar que el proyecto para prohibir el uso de celulares en las escuelas "saldrá por unanimidad", Cabrera no solo sobreactúa un acuerdo que está lejos de ser tal, sino que además confirma la intención del oficialismo de cerrar filas en torno a una iniciativa que, lejos de mejorar la calidad educativa, funciona como un atajo discursivo para evitar discutir la crisis real del sistema.

"Estamos evaluando todas las inquietudes planteadas por los sectores vinculados a la educación. La tendencia mundial es regular el uso de dispositivos celulares en las escuelas", sostuvo el legislador.

Sin embargo, la afirmación omite un dato central: en los países desarrollados donde avanzan en regulaciones, la discusión está acompañada por políticas integrales de alfabetización digital, inversión educativa y fortalecimiento docente. Nada de eso forma parte del esquema que impulsa el oficialismo provincial.

La apelación mentirosa a una supuesta "tendencia mundial" aparece así como un argumento incompleto, que busca legitimar una decisión política sin reconocer que el problema educativo en Formosa no radica en la presencia de celulares en el aula.

Los propios sectores docentes lo vienen señalando con claridad: los déficits estructurales del sistema exceden ampliamente cualquier debate sobre dispositivos tecnológicos.

Salarios bajos, precarización laboral, designaciones atravesadas por criterios políticos, deterioro del Estatuto Docente, falta de infraestructura, ausencia de personal en las escuelas y un creciente clima de maltrato institucional son parte de una realidad que el oficialismo evita poner en agenda.

En ese contexto, la prohibición de celulares aparece como una medida tan ruidosa como irrelevante frente a la magnitud de los problemas.

Cabrera también aseguró que "la oposición comparte la necesidad de esta regulación, más allá de algunos matices". La afirmación, sin embargo, vuelve a chocar con la realidad. Si bien un sector minoritario ha acompañado iniciativas del oficialismo en el pasado, también es cierto que la mayoría de los espacios opositores se niegan a actuar como aliados incondicionales del Gildismo, y especialmente, los vinculados al ámbito educativo, que han expresado reparos y rechazos a una ley que consideran innecesaria y desconectada de las verdaderas prioridades.

El intento de instalar la idea de un consenso amplio no es menor: busca dotar de legitimidad política a un proyecto que, en términos técnicos y pedagógicos, carece de sustento suficiente. Más aún cuando el propio Cabrera sostiene que "hay que resolver la cuestión de fondo", sin explicar cómo una prohibición contribuiría a mejorar un sistema educativo atravesado por múltiples déficits estructurales.

La contradicción es evidente: se habla de fondo, pero se legisla sobre la superficie

Mientras tanto, el debate de fondo sigue postergado. La calidad educativa, los contenidos, la formación docente, las condiciones laborales y el rol de la escuela en un mundo digital quedan relegados frente a una discusión que simplifica el problema en un objeto: el celular.

Así, la anunciada "unanimidad" no aparece como un logro institucional, sino como la consolidación de una práctica política conocida: construir acuerdos rápidos sobre medidas de bajo impacto para evitar conflictos mayores.

En definitiva, más que una solución, la prohibición de celulares corre el riesgo de convertirse en otro capítulo de una larga lista de decisiones que administran la crisis educativa sin resolverla. Y en ese escenario, el verdadero problema no es el dispositivo en el aula, sino la falta de voluntad política para transformar el sistema.