DOBLE MORAL EN EL PODER: mientras atacan a Milei, salen a la luz cheques sin fondos y deudas bancarias millonarias de Papacito Cabrera
En Formosa, el discurso anticorrupción parece tener destinatarios selectivos. Mientras los principales dirigentes del oficialismo provincial se desgarran las vestiduras contra figuras nacionales como Javier Milei, Manuel Adorni, José Luis Espert y Karina Milei, puertas adentro hacen la vista gorda con la corrupción K y la propia de los funcionarios del gobierno provincial.

Una publicación del periodista Fernando López volvió a poner el foco sobre uno de los hombres más representativos del poder provincial: Armando Felipe "papacito" Cabrera, histórico legislador y actual presidente provisional de la Cámara de Diputados, alineado desde hace tres décadas con el gobernador Gildo Insfrán.
Según datos oficiales de la Banco Central de la República Argentina, Cabrera acumula 13 cheques rechazados por más de $65 millones en los últimos días de marzo, todos sin regularizar. A esto se suma un nivel de endeudamiento que supera los $241 millones, distribuidos entre el Banco de Formosa, el Banco Nación, American Express y MercadoLibre.
El dato no es menor. Cabrera no es un dirigente marginal ni un actor circunstancial: es uno de los pilares del esquema político que gobierna Formosa desde hace más de 30 años. Su permanencia ininterrumpida en la Legislatura desde 1995 lo convierte en un símbolo del modelo de poder consolidado por Insfrán.
Sin embargo, la información financiera abre interrogantes de fondo. ¿Cómo se justifican estos niveles de crédito? ¿Cuál es la consistencia patrimonial que respalda ese endeudamiento? ¿Por qué no se conoce en detalle su declaración jurada de bienes?
La situación resulta aún más sensible en un contexto donde desde el oficialismo provincial se construye un relato moralizante, con fuertes críticas a la dirigencia nacional por supuestos hechos de corrupción. En ese marco, la aparición de cheques sin fondos y deudas millonarias en uno de sus principales referentes expone una contradicción difícil de disimular.
El contraste entre el discurso público y los datos concretos alimenta una percepción cada vez más extendida: la indignación no es uniforme, sino selectiva. Se amplifica cuando conviene políticamente y se diluye cuando los hechos rozan al propio espacio.
En una provincia donde el poder político y el institucional conviven hace décadas bajo una misma lógica, estos episodios no solo generan dudas sobre situaciones individuales, sino que reabren un debate más profundo sobre la transparencia, los controles y la calidad democrática.
Porque cuando quienes se presentan como guardianes de la ética pública quedan envueltos en cuestionamientos de esta magnitud, lo que se erosiona no es solo una figura, sino la credibilidad de todo un sistema.
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