MAYANS VOLVIÓ A DERRAPAR: insultos, amenazas institucionales y un discurso que roza el golpismo

"Milei no entiende un carajo de nada y está pirado", lanzó Mayans en plena sesión del Senado, en una intervención donde también calificó como "flor de hijo de puta" al ministro Federico Sturzenegger, entre otras expresiones de similar tenor. Lejos de tratarse de un exabrupto aislado, el discurso fue una sucesión de acusaciones sin sustento comprobado, agravios personales y una narrativa que busca instalar la idea de un gobierno ilegítimo.

Pero lo más preocupante no es el tono, sino el contenido.

Mayans no solo cuestionó al Gobierno: pidió abiertamente avanzar con un juicio político al presidente, a Karina Milei y al vocero Manuel Adorni, en un contexto donde no existe un proceso institucional en curso que lo justifique. Más aún, apeló a una advertencia cargada de dramatismo: "No esperen a que esto reviente. Porque está pasando lo mismo que en 2001".

La frase no es inocente. En la historia reciente argentina, 2001 no es solo una crisis económica: es el colapso institucional, la violencia social y la caída de un presidente. Invocar ese escenario desde una banca del Senado no puede interpretarse como una simple metáfora, sino como una construcción discursiva que tensiona peligrosamente el sistema democrático.

El doble estándar es evidente.

El mismo dirigente que hoy se erige en fiscal moral del Gobierno nacional ha sido durante décadas uno de los principales sostenes políticos del modelo formoseño encabezado por Gildo Insfrán, una provincia señalada reiteradamente por la falta de alternancia, la concentración de poder y los cuestionamientos en materia de transparencia institucional.

Desde ese lugar, el discurso de Mayans no solo aparece desproporcionado, sino profundamente contradictorio: exige estándares republicanos a nivel nacional mientras omite cualquier autocrítica sobre el sistema político que integra y defiende.

A esto se suma otro elemento inquietante: la liviandad con la que se lanzan acusaciones graves —como presuntos vínculos con corrupción o delitos— sin presentación de pruebas ni respaldo judicial. En lugar de contribuir al esclarecimiento, ese tipo de afirmaciones degradan el debate público y erosionan la credibilidad de las instituciones.

La política democrática se construye sobre el disenso, pero también sobre reglas claras. Criticar a un gobierno es legítimo; intentar deslegitimarlo con insultos, acusaciones infundadas y advertencias de colapso institucional es otra cosa.

Cuando un senador nacional abandona el terreno del debate y se instala en la descalificación permanente, no solo empobrece la discusión: también alimenta un clima de confrontación que la Argentina ya conoce demasiado bien.

En un contexto económico y social complejo, lo que se espera de la dirigencia no es la escalada verbal ni la insinuación de crisis terminales, sino responsabilidad, argumentos y respeto por las instituciones.

Todo lo demás —por más estridente que suene— no fortalece la democracia: la debilita.