EL "OPERATIVO CLAMOR" EN MODO NADO SINCRONIZADO COMO COREOGRAFÍA DEL PODER ABSOLUTO

No fue espontáneo. No fue aislado. No fue casual. El reciente "operativo clamor" montado en Formosa tuvo la precisión de una coreografía ensayada: actores distintos, discursos idénticos y un objetivo común—respaldar sin matices al gobierno provincial y repudiar en bloque cualquier intento de intervención federal.

En cuestión de días, colegios profesionales, asociaciones intermedias, entidades sociales y estructuras partidarias salieron a expresar un apoyo cerrado al denominado "Modelo Formoseño". La escena, repetida con mínimas variaciones, dejó una imagen contundente: un sistema que no solo concentra poder, sino que además lo reproduce mediante mecanismos de alineamiento público.

La postal más inquietante, según denuncias del ámbito educativo, fue la circulación de directivas para que docentes firmaran documentos de respaldo explícito al modelo político provincial. La práctica, trasciende lo simbólico y se instala en un terreno más delicado: el de la presión institucional canallesca sobre trabajadores del Estado para validar una construcción política.

Pero el punto de quiebre llegó con la intervención de sectores que, por su propia naturaleza, deberían preservar distancia del poder. El posicionamiento de colegios vinculados al ámbito jurídico, jueces en defensa del Ejecutivo y en rechazo a un proyecto legislativo presentado en el Congreso de la Nación, abrió un debate de fondo: ¿dónde termina la opinión institucional y dónde comienza la militancia?

El dato no es menor. La imparcialidad, la prescindencia y la división de poderes no son formalidades; son pilares del sistema republicano consagrado en la Constitución Nacional Argentina. Cuando quienes deben garantizar esos principios se alinean públicamente con el poder político, la discusión deja de ser coyuntural para volverse estructural.

El operativo, lejos de moderarse, fue escalando. Comunicados oficiales comenzaron a invocar la defensa de la democracia, la paz social y la autonomía provincial, como si esos valores estuvieran bajo amenaza inminente. En ese marco, se llamó a respetar la voluntad popular y a resolver diferencias mediante el diálogo institucional.

Sin embargo, para sectores críticos, esa narrativa choca con una realidad persistente: casi cuatro décadas de continuidad en el poder de una misma conducción política con la suma del poder político en sus manos, con cuestionamientos al sistema electoral basado en la tramposa y distorsiva Ley de Lemas, un Tribunal Electoral partidario, la reelección indefinida, un esquema de clientelismo, sometimiento social y denuncias recurrentes sobre uso de recursos estatales con fines partidarios.

La lógica del "nado sincronizado" no es nueva en sistemas de hegemonía prolongada. Se trata de una dinámica donde la adhesión pública no solo se espera, sino que se organiza. Cada actor ocupa su lugar, cada institución cumple su rol y cada pronunciamiento refuerza una misma idea: la centralidad incuestionable de la hegemonía del poder.

En ese contexto, el proyecto de intervención federal —figura prevista en el artículo 6 de la Constitución Nacional Argentina— dejó de ser un debate jurídico para transformarse en un disparador político. La reacción del oficialismo no solo buscó rechazarlo, sino también deslegitimar su sola existencia.

Pero la paradoja es evidente. Mientras más cerrado y uniforme es el respaldo institucional, más se fortalecen los argumentos de quienes sostienen que en Formosa existe una alteración del equilibrio republicano. Porque cuando todos los sectores hablan con una sola voz, la pregunta inevitable no es quién apoya, sino bajo qué condiciones se construye ese apoyo.

El "operativo clamor", lejos de disipar dudas, terminó amplificándolas. Y dejó expuesta una tensión central: en Formosa, el debate ya no gira únicamente en torno a una figura política, sino al funcionamiento de un sistema donde el poder no solo gobierna, sino que también organiza su propia legitimación.