¿Justicia o disciplinamiento político? Las condenas a Basualdo, Paoltroni y Neme reavivan las denuncias sobre el uso del aparato estatal para desgastar a la oposición en Formosa

En toda democracia republicana, el Estado, la Justicia y los medios públicos deben constituir pilares destinados a garantizar derechos, controlar el ejercicio del poder y fortalecer la convivencia democrática.

Sin embargo, cuando esos tres instrumentos parecen actuar de manera sincronizada contra quienes desafían al poder político, la preocupación deja de ser exclusivamente jurídica para transformarse en un problema institucional.

Eso es precisamente lo que vuelve a poner sobre la mesa la reciente sucesión de condenas contra el diputado nacional Atilio Basualdo, el senador nacional Francisco Paoltroni y la doctora Gabriela Neme, tres de los principales dirigentes opositores al gobierno de Gildo Insfrán y, al mismo tiempo, los referentes que con mayor firmeza impulsaron el pedido de intervención federal de Formosa, denunciando la falta de división de poderes, el deterioro institucional y la concentración del poder político en la provincia.

Más allá de las particularidades jurídicas de cada expediente, existe un dato político que resulta imposible de ignorar: los tres dirigentes pertenecen al espacio libertario, los tres cuestionaron abiertamente al Gobierno provincial, los tres promovieron la necesidad de terminar con lo que califican como un modelo feudal y antirrepublicano, y los tres fueron alcanzados por resoluciones judiciales que, casi de inmediato, fueron exhibidas por los medios oficiales como auténticos trofeos políticos.

Justicia y propaganda: una peligrosa combinación

Toda sentencia judicial puede ser objeto de análisis, crítica y revisión dentro de los mecanismos previstos por la ley. Lo que excede el ámbito estrictamente jurídico es la utilización política que posteriormente realizan los órganos de comunicación del propio Estado.

En los últimos días, Lapacho Canal 11 volvió a convertirse en protagonista de esa discusión.

Con un despliegue gráfico propio de una campaña electoral, el canal estatal presentó la condena contra Francisco Paoltroni bajo un enorme título: "PAOLTRONI CONDENADO", destacando además la multa millonaria impuesta al senador nacional por una causa vinculada a desmontes.

Lejos de informar simplemente una resolución judicial, la publicación fue presentada con un tono celebratorio, convirtiendo el fallo en una victoria política del oficialismo sobre uno de sus principales adversarios.

Pocos días después, el mismo esquema comunicacional volvió a repetirse con Gabriela Neme.

El canal oficial difundió con idéntica intensidad la resolución judicial que ordenó a la legisladora eliminar publicaciones de sus redes sociales por considerar que vulneraban derechos personalísimos de una empleada del Instituto Provincial de la Vivienda.

La resolución se originó a partir de publicaciones en las que Neme cuestionaba notorias irregularidades en la adjudicación de viviendas oficiales y denunciaba favoritismos dentro del IPV. La demandante sostuvo que esas expresiones lesionaban su honor, intimidad e imagen, criterio que fue compartido por el juez interviniente.

Como consecuencia, además de ordenar la eliminación de las publicaciones, la sentencia prohibió nuevas manifestaciones consideradas ofensivas hacia la denunciante y contempló incluso la posibilidad de requerir el bloqueo de cuentas en caso de incumplimiento.

Sin embargo, más allá del contenido jurídico del fallo, fue nuevamente la utilización comunicacional realizada desde el aparato estatal lo que generó fuertes cuestionamientos.

Un mensaje político que trasciende los expedientes

Para numerosos sectores opositores, la reiteración de estos episodios ya no puede interpretarse como hechos aislados.

La sucesión casi inmediata de condenas contra Basualdo, Paoltroni y Neme, seguida de una intensa campaña mediática desde los medios oficiales, alimenta la percepción de que existe una estrategia destinada a desgastar, desacreditar y disciplinar políticamente a quienes desafían al poder provincial.

Desde esa mirada, las resoluciones judiciales dejan de percibirse únicamente como decisiones jurisdiccionales para transformarse, comunicacionalmente, en un mensaje dirigido al conjunto de la oposición.

El mensaje implícito parece ser claro: quien cuestione al poder político, quien denuncie corrupción, quien impulse una intervención federal o quien intente construir una alternativa electoral terminará enfrentando no solamente al oficialismo, sino también al aparato estatal, a los organismos públicos, a los medios oficiales y a un Poder Judicial cuya independencia es objeto de permanentes cuestionamientos.

La selectividad como principal cuestionamiento

La controversia se profundiza cuando se analiza el contexto institucional de Formosa.

Durante más de cuarenta años de hegemonía política del mismo espacio gobernante, jamás un alto funcionario provincial fue condenado por hechos de corrupción, abuso de poder, negociados, asociación ilícita o enriquecimiento ilícito, pese a las numerosas denuncias públicas y judiciales que se formularon durante décadas.

La oposición suele recordar como antecedente emblemático el caso del exintendente Gabriel Hernández, quien luego de derrotar electoralmente al oficialismo terminó condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

También menciona expedientes como el protagonizado por la exdiputada Blanca Denis, cuyo vehículo fue interceptado transportando drogas. Según quienes cuestionan el funcionamiento institucional, aquella causa nunca avanzó sobre eventuales responsabilidades políticas ni derivó en medidas de investigación similares a las observadas en otros expedientes.

Esa comparación alimenta la percepción de un funcionamiento desigual del sistema judicial, donde las investigaciones que involucran a opositores parecen adquirir una intensidad y una velocidad que no se observan cuando las denuncias alcanzan a dirigentes oficialistas.

Los medios públicos, bajo la lupa

Si existe un aspecto particularmente preocupante en esta secuencia es el rol asumido por los medios estatales.

Los medios públicos pertenecen a toda la ciudadanía, no al gobierno de turno.

Su misión consiste en informar con objetividad, pluralismo y equilibrio.

Cuando un canal financiado con recursos públicos convierte una resolución judicial en un instrumento de propaganda política para exhibir la derrota de un adversario, deja de cumplir una función periodística para ingresar en el terreno de la comunicación partidaria.

No es la existencia de una sentencia lo que genera el debate.

Es la decisión de utilizar esa sentencia como un trofeo político.

Cuando las condenas de dirigentes opositores son celebradas públicamente desde estructuras estatales mientras otras causas permanecen invisibilizadas, la confianza ciudadana en la imparcialidad institucional inevitablemente comienza a deteriorarse.

Democracia, división de poderes e igualdad ante la ley

Las resoluciones judiciales deben respetarse y pueden ser revisadas por las vías procesales correspondientes.

Pero la legitimidad de una democracia no depende únicamente de la existencia formal de sentencias.

Depende también de que la sociedad perciba que la Justicia actúa con absoluta independencia, que los organismos del Estado no funcionan como herramientas partidarias y que los medios públicos informan sin transformarse en órganos de propaganda.

En una provincia gobernada por el mismo espacio político desde hace más de cuatro décadas, donde la oposición denuncia reiteradamente la falta de independencia entre los poderes del Estado, cada resolución judicial adquiere inevitablemente una dimensión política mucho mayor.

Por eso, el verdadero fortalecimiento institucional no llegará cuando las condenas de dirigentes opositores sean exhibidas como victorias del oficialismo, sino cuando oficialistas y opositores tengan la misma certeza de que la ley se aplica con idéntico rigor, que las investigaciones avanzan con los mismos criterios para todos y que ninguna estructura del Estado será utilizada para intimidar, desgastar o disciplinar a quienes piensan distinto.

Porque cuando la ciudadanía comienza a percibir que el aparato estatal, el Poder Judicial y los medios públicos actúan de manera coordinada contra determinados sectores políticos, el daño ya no recae solamente sobre los dirigentes involucrados: se resiente la confianza en las instituciones y se debilitan los pilares mismos del sistema democrático.