PAROLA DERRAPÓ PARA DEFENDER A INSFRÁN: comparó a la Corte con las proscripciones de las dictaduras y esquivó explicar cómo ocho mandatos pueden convertirse en uno

La diputada nacional formoseña Graciela Parola volvió a subir varios escalones el tono de la defensa oficialista de Gildo Insfrán frente a la nueva intervención de la Corte Suprema.

Esta vez no se limitó a defender la autonomía provincial ni a reivindicar los triunfos electorales del gobernador.

Parola sostuvo que la oposición "le tiene miedo" a Insfrán y pretende sacarlo de la competencia mediante "decisiones de escritorio". Pero terminó pronunciando una comparación todavía más controvertida: afirmó que quienes antiguamente "usaban las armas para proscribir" hoy utilizarían "los escritorios de los tribunales".

La frase no es menor.

Porque equiparar el control de constitucionalidad ejercido por la Corte Suprema dentro de una democracia con las proscripciones impuestas por gobiernos de facto supone confundir instituciones que representan exactamente lo contrario.

Una dictadura elimina las reglas constitucionales.

La Corte está para hacerlas cumplir.

¿Proscripción o límite constitucional?

El oficialismo intenta instalar una palabra: "proscripción".

Pero existe una diferencia fundamental entre impedir arbitrariamente que alguien participe de una elección y determinar judicialmente que un dirigente alcanzó un límite constitucional previamente establecido.

Si un presidente argentino termina dos mandatos consecutivos, no está "proscripto" porque la Constitución le impida buscar inmediatamente un tercero.

Está alcanzado por una regla constitucional.

Lo mismo ocurre con cualquier requisito para acceder a un cargo electivo.

Las urnas deciden entre los candidatos legal y constitucionalmente habilitados.

Por eso la discusión que llegó a la Corte no consiste en determinar si Insfrán ganaría o perdería una elección.

Consiste en establecer si puede ser candidato nuevamente.

La pregunta que Parola no respondió

Insfrán gobierna Formosa ininterrumpidamente desde diciembre de 1995.

Actualmente atraviesa su octavo mandato consecutivo como gobernador.

La Corte Suprema ya declaró en diciembre de 2024 que la reelección indefinida prevista por la Constitución provincial era contraria al principio republicano.

Posteriormente, Formosa reformó su Constitución y estableció límites.

Sin embargo, incorporó una disposición transitoria que permite considerar el mandato iniciado en 2023 como el primero del nuevo sistema.

Esa cláusula podría abrir la posibilidad de una nueva candidatura en 2027.

Ahí está el problema.

Y ninguna acusación de "miedo", "proscripción" o "decisiones de escritorio" responde una pregunta elemental:

¿cómo puede el octavo mandato consecutivo transformarse jurídicamente en el primero?

"Nos vemos en las urnas"

Parola también lanzó un desafío a la oposición: "Nos vemos en las urnas el año que viene". Además, afirmó que Insfrán nunca manifestó su voluntad de volver a ser candidato y calificó de "delirio" las especulaciones opositoras sobre una nueva postulación.

Perfecto.

Que sean las urnas.

Pero primero deben establecerse las reglas bajo las cuales se llegará a ellas.

Porque las elecciones no están por encima de la Constitución.

Son una consecuencia de ella.

En cualquier democracia constitucional existen requisitos de edad, residencia, duración de mandatos, incompatibilidades y límites a las reelecciones.

Controlar que esas reglas sean respetadas no significa tenerle miedo al pueblo.

Significa impedir que las reglas dependan de quién tiene más votos en un determinado momento.

Si Insfrán no quiere ser candidato, ¿por qué semejante batalla?

Hay además una contradicción llamativa en el discurso de Parola.

La diputada afirma que Insfrán nunca dijo que quiera presentarse nuevamente.

Entonces cabe preguntar:

¿por qué el oficialismo despliega semejante ofensiva política para defender una cláusula cuya principal consecuencia práctica sería permitirle volver a competir?

Si Insfrán no pretende buscar otro mandato, una sentencia que establezca que el actual período no puede computarse como el primero no debería representar ninguna amenaza electoral para el gobernador.

Mucho menos justificar acusaciones de proscripción.

Una mayoría tampoco puede hacerlo todo

Parola vuelve además sobre un argumento recurrente del gildismo: el respaldo electoral obtenido por el oficialismo.

Pero la democracia constitucional no significa simplemente que la mayoría pueda hacer cualquier cosa porque consiguió más votos.

Una República combina voluntad popular con límites al poder.

Si mañana una mayoría abrumadora pretendiera eliminar elecciones, restringir derechos constitucionales o extender indefinidamente un mandato, el porcentaje obtenido en las urnas no convertiría automáticamente esas decisiones en constitucionales.

Las mayorías gobiernan.

La Constitución limita cómo gobiernan.

Esa distinción elemental es precisamente la razón por la cual existen tribunales constitucionales.

La Corte no está eligiendo gobernador

También resulta engañoso presentar el proceso como si tres jueces estuvieran decidiendo quién gobernará Formosa.

No es así.

Si la Corte eventualmente declara inconstitucional la cláusula cuestionada, no designará gobernador, no elegirá un candidato opositor ni determinará quién gana en 2027.

Eso seguirá correspondiendo exclusivamente a los ciudadanos.

Lo único que resolverá es quién puede competir bajo las reglas constitucionales.

Después, el pueblo votará.

El PJ podrá presentar otro candidato.

La oposición presentará los suyos.

Y los formoseños decidirán.

Alternancia no significa entregarle el Gobierno a la oposición. Significa que ninguna persona resulta indispensable para que exista democracia.

La comparación más desafortunada: dictadura y Corte Suprema

Pero probablemente el tramo más cuestionable de las declaraciones de Parola sea el final.

"Los que antes usaban las armas para proscribir, los Gobiernos de facto, hoy usan los escritorios de los tribunales", afirmó.

La comparación resulta institucionalmente desmesurada.

La Corte Suprema no es un gobierno militar.

No tomó el poder mediante armas.

No suspendió la Constitución.

No clausuró el Congreso.

No prohibió elecciones.

Es uno de los tres poderes establecidos precisamente por la Constitución democrática que Parola invoca.

Y existe, entre otras funciones, para resolver conflictos constitucionales incluso cuando sus decisiones incomodan a quienes gobiernan.

Comparar ese mecanismo con una proscripción militar no fortalece la defensa de Insfrán.

Debilita el respeto institucional que debería existir hacia un poder independiente del Estado.

No es miedo a Insfrán: es discutir si existen límites

El oficialismo pretende llevar toda la controversia hacia una explicación electoral:

"Como no pueden ganarle, quieren impedirle competir".

Es políticamente efectiva porque evita discutir el fondo.

Pero existe una pregunta que seguirá allí aunque el PJ obtenga 50, 60, 70 o 90 por ciento:

¿existe algún límite temporal para ejercer el poder en una República?

La Corte ya respondió una parte de esa pregunta cuando declaró inconstitucional la reelección indefinida.

Ahora deberá resolver si ese pronunciamiento puede compatibilizarse con una cláusula que permite comenzar nuevamente el cómputo para quien ya atraviesa su octavo mandato.

El verdadero desafío sería presentarse sin Insfrán

Parola asegura que el pueblo formoseño tiene perfectamente claro hacia dónde quiere ir.

Entonces el oficialismo tiene una oportunidad extraordinaria para demostrarlo.

Si el Modelo Formoseño es realmente un proyecto político respaldado masivamente y no depende de una sola persona, que presente otro candidato.

Que compita.

Que defienda sus políticas.

Que explique sus resultados.

Que gane nuevamente si conserva semejante respaldo.

Eso demostraría la fortaleza del proyecto mucho mejor que cualquier discurso.

Porque después de más de tres décadas de Insfrán como gobernador, una verdadera demostración de fortaleza institucional no sería conseguir otra excepción para mantenerlo disponible electoralmente.

Sería demostrar que Formosa puede tener elecciones competitivas, alternancia de personas y continuidad institucional sin que todo dependa eternamente del mismo dirigente.

Las urnas sí; pero con Constitución

Parola tiene razón en una cosa fundamental: los gobiernos deben definirse en las urnas.

Pero omite la otra mitad de la ecuación.

Las urnas funcionan dentro de la Constitución.

No por encima de ella.

Por eso el argumento "nos vemos en las urnas" no resuelve la controversia.

Primero deberá hablar la Corte sobre la cláusula transitoria.

Después llegará la política.

Y finalmente los formoseños elegirán entre todos aquellos que estén constitucionalmente habilitados.

Eso no es proscripción.

Eso es precisamente el funcionamiento de una democracia constitucional.

Porque las urnas deciden quién gobierna; pero ni siquiera una mayoría electoral convierte ocho mandatos consecutivos en uno ni coloca a ningún dirigente por encima de la Constitución.

La Corte todavía no resolvió el fondo del caso. Esa diferencia es fundamental frente al discurso de unos y otros: no hay hoy una sentencia que impida a Insfrán competir en 2027; hay una controversia constitucional abierta que el máximo tribunal aceptó analizar.