Formosa: la gestión de Atencia acumula denuncias, escándalos y conflictos sanitarios que contradicen el cuento del "mejor sistema de salud del país"

Del discurso de excelencia a una sucesión de conflictos

"Sin ponerme colorado", el gobernador Gildo Insfrán volvió a asegurar que Formosa tiene "el mejor sistema de salud pública del país" .

La frase, pronunciada durante un acto oficial en Laguna Blanca, pretendió presentar al modelo sanitario provincial como un ejemplo de eficiencia, infraestructura y atención pública.

Sin embargo, el contraste con las denuncias y los escándalos que se vienen acumulando resulta cada vez más difícil de ignorar.

Profesionales que cuestionan sus condiciones laborales, reclamos por la reducción de horas de guardia, planteos sobre la cobertura médica de los empleados públicos, conflictos salariales de trabajadores vinculados a servicios hospitalarios y denuncias de familias que reclaman explicaciones por procedimientos médicos y judiciales conforman un escenario que exige algo más que slogans de discursos oficiales.

La situación adquiere especial relevancia porque varios de estos conflictos se intensificaron después del cambio de conducción del Ministerio de Desarrollo Humano.

El 16 de abril de 2026, Juan Carlos Atencia asumió la cartera sanitaria en reemplazo de Aníbal Gómez. Desde entonces, distintos sectores comenzaron a cuestionar decisiones administrativas, cambios en la organización del personal y el pésimo manejo de servicios esenciales.

Que permite exigirle a Atencia explicaciones por las decisiones adoptadas desde su llegada y por los conflictos que se desarrollan bajo su responsabilidad política .

De Aníbal Gómez a Atencia: el costo de cambiar la conducción sanitaria

La gestión de Aníbal Gómez había acumulado años de experiencia administrativa y una valoración positiva de parte de pacientes, profesionales y de propios y extraños, aunque tampoco estuvo exenta de dificultades y críticas.

Con su reemplazo se abrió una nueva etapa.

Atencia llegó al ministerio de la mano del Jefe de Gabinete, Antonio "Pomelo" Ferreira, que monopoliza la prestación de importantes servicios privados  que trabajan con el Estado provincial, y los hizó reivindicando expresamente la continuidad del denominado Modelo Formoseño.

Pero la continuidad discursiva no alcanza cuando comienzan a aparecer cuestionamientos sobre la gestión cotidiana.

Según denuncias acercadas a este medio, durante la nueva administración se habrían producido desplazamientos de personal experimentado, recortes de prestaciones, el éxodo de médicos y modificaciones en responsabilidades sanitarias que, por irregularidades e incompatibilidades, generaron malestar entre profesionales.

También se cuestionan presuntas designaciones de personas cercanas al ministro y la intervención de operadores políticos en decisiones vinculadas con la atención sanitaria.

Entre los nombres mencionados en esas denuncias de acomodo de parientes y amigotes, aparecen Cecilia Peralta, Gimena Atencia, María Rosa Argüello y Néstor Lucach.

La salud pública no puede convertirse en un ámbito donde las decisiones administrativas queden fuera del control ciudadano.

Guardias, salarios y médicos: denuncias que comprometen la atención

Uno de los cuestionamientos más preocupantes está relacionado con las guardias hospitalarias.

Profesionales sanitarios vienen denunciando recortes de horas, remuneraciones insuficientes y modificaciones en las condiciones laborales.

En particular, testimonios recibidos por este medio advierten sobre dificultades para sostener la cobertura médica permanente en sectores críticos del Hospital Central.

Entre los servicios mencionados aparece Terapia Intensiva, donde se denuncia una dotación de guardia insuficiente.

Si un hospital de referencia no dispone de cobertura profesional suficiente en sus áreas críticas, el problema trasciende cualquier disputa salarial: afecta directamente la seguridad de los pacientes.

También existen denuncias de profesionales que aseguran haber recibido presiones, malos tratos y amenazas de medidas administrativas.

La denuncias son de gravedad extrema, porque ningún trabajador sanitario debería verse obligado a elegir entre reclamar por sus condiciones laborales y conservar su puesto.

Los camiones sanitarios y una pregunta elemental: ¿con qué personal y equipamiento funcionan?

Otro foco de cuestionamientos apunta a los operativos sanitarios móviles.

Según las denuncias recibidas, algunos camiones sanitarios habrían permanecido inactivos y uno de ellos habría reaparecido en un operativo cuya capacidad real de atención fue puesta en duda.

Los denunciantes sostienen que faltaban profesionales, insumos y equipamiento, e incluso que se habría solicitado a médicos participantes que llevaran materiales propios.

Se trata de afirmaciones que deben comprobarse mediante registros de operativos, nóminas de profesionales, inventarios y testimonios directos.

Pero la pregunta institucional es válida.

¿Los operativos móviles se organizan en función de las necesidades sanitarias de la población o de la oportunidad de exhibir propaganda oficial?

Un camión sanitario no garantiza atención por el simple hecho de estar estacionado frente a una cámara.

Necesita médicos, enfermeros, medicamentos, instrumental, capacidad diagnóstica y continuidad asistencial.

Sin esos elementos, cualquier operativo corre el riesgo de quedar reducido a una vulgar puesta en escena.

El Hospital Central y una denuncia familiar que exige respuestas urgentes

En las últimas horas también tomó estado público, a través de un testimonio recogido por el periodista Tyntu Ruiz, la denuncia de una familia que cuestiona los resultados de estudios toxicológicos realizados en el Hospital Central.

Según su relato, dos mujeres obtuvieron resultados positivos para cocaína en estudios hospitalarios y posteriormente resultados negativos en un laboratorio privado.

La familia vincula aquellos estudios con una intervención de organismos de protección de menores y de la Justicia que terminó con la separación de una beba de su entorno familiar.

También denuncia que una de las mujeres permaneció detenida durante quince días.

La gravedad del relato exige una investigación seria, pero los resultados de distintos análisis no permiten concluir automáticamente que existió un falso positivo, una adulteración o una maniobra deliberada.

Lo que sí resulta imprescindible es garantizar los derechos de la niña, la confidencialidad de su identidad y una revisión adecuada de los cuestionamientos planteados.

Si hubo errores médicos, deben identificarse y corregirse.

Si existieron irregularidades administrativas o judiciales, corresponde investigarlas.

Y si los procedimientos fueron correctos, las autoridades deben brindar las explicaciones que legalmente correspondan, respetando la reserva propia de los procesos que involucran a menores.

IASEP: los empleados públicos también reclaman por su cobertura médica

El Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos, conducido por Claudio Samaniego, constituye otro frente de conflicto.

Los reclamos no son meras versiones.

Docentes Autoconvocados realizaron un relevamiento de problemas en distintas localidades y presentaron petitorios vinculados con las prestaciones de la obra social.

Entre los cuestionamientos aparecen las dificultades para acceder a especialistas en el interior, la disponibilidad de prestadores, la centralización de trámites, la atención en farmacias y las condiciones de utilización de órdenes médicas.

El punto central sigue siendo el mismo: los empleados públicos realizan aportes para recibir cobertura médica y necesitan que esa cobertura sea accesible, oportuna y efectiva .

Una obra social no cumple su función solamente por emitir credenciales o autorizaciones.

Debe garantizar que sus afiliados puedan encontrar profesionales, acceder a tratamientos y obtener medicamentos sin obstáculos desproporcionados.

En paralelo, circulan acusaciones sobre supuestos gastos extraordinarios en prestaciones de alta complejidad en la Capital Federal para funcionarios provinciales, mientras otros afiliados cuestionan las derivaciones.

Las reglas de acceso a la salud deben ser transparentes y aplicarse sin privilegios.

GIPSY: una empresa que afirma que la Provincia le debe pagos desde abril

La crisis de GIPSY S.A. incorpora una dimensión económica concreta al debate sobre la administración sanitaria.

La empresa, vinculada a los servicios gastronómicos de hospitales provinciales, emitió un comunicado fechado el 1 de octubre de 2026 en el que informó a sus trabajadores que abonaría solamente el 50% de los salarios de septiembre.

GIPSY sostuvo además que durante los meses anteriores había recurrido a préstamos para cumplir sus obligaciones salariales y mantener la continuidad operativa, pero que ese financiamiento había llegado a su límite.

El restante 50% de los salarios quedó condicionado, según la comunicación empresarial, al ingreso de los fondos pendientes.

No se trata de una simple discusión sobre la situación financiera de una empresa privada.

Es una denuncia de pagos provinciales demorados formulada por una prestadora vinculada con el funcionamiento hospitalario.

El comunicado exige una respuesta documental del Gobierno.

¿Reconoce la Provincia esos pagos pendientes? ¿Cuánto dinero está involucrado? ¿Qué hospitales reciben el servicio? ¿Por qué una prestadora afirma que debe endeudarse para pagar salarios? ¿Existe algún riesgo para la continuidad de la alimentación hospitalaria?

Son preguntas que el Ministerio de Desarrollo Humano no debería eludir.

Los trabajadores de limpieza y otra deuda de explicaciones

A los problemas de GIPSY se suman denuncias de trabajadores cooperativistas vinculados con tareas de limpieza del Hospital Central, quienes reclaman haberes presuntamente atrasados.

La limpieza hospitalaria no es una actividad secundaria.

Es un componente indispensable de la prevención de infecciones y de la seguridad de pacientes y trabajadores.

Si quienes realizan esa tarea enfrentan atrasos salariales prolongados, las autoridades deben explicar qué medidas están adoptando para evitar que el conflicto comprometa un servicio esencial.

Las estadísticas oficiales: una discusión que no se resuelve con propaganda

Más allá de los conflictos de gestión, la afirmación de Insfrán también debe confrontarse con los resultados sanitarios negativos, que hubican al sistema sanitario provincial, muy, muy lejos de ser "EL MEJOR SISTEMA SANITARIO DEL PAIS", e interpelan a una conducción política que lleva casi cuatro décadas administrando la provincia.

No alcanza con mostrar infraestructura de alta complejidad si los indicadores de prevención, atención y mortalidad siguen exhibiendo brechas significativas.

Antonio Ferreira y las decisiones que deben transparentarse

El jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, también aparece mencionado en cuestionamientos políticos y de intereses ecómicos privados relacionados con la detonación sanitaria provincial.

Por eso es imperioso reclamar transparencia.

La gestión sanitaria debe poder explicar sus decisiones sin recurrir al silencio institucional.

Denuncias de hostigamiento y ataques a profesionales

Otro aspecto preocupante surge de los testimonios sobre presuntas presiones contra profesionales de la salud.

Se denuncian desplazamientos, hostigamiento, amenazas de procedimientos administrativos y campañas de descalificación en redes sociales.

También se cuestionan publicaciones atribuidas al ijuriador serial del gobierno provincial Evelio Ríos dirigidas contra mujeres profesionales del sector.

Por lo que sí corresponde afirmar que ninguna gestión pública debería tolerar intimidaciones o ataques personales contra trabajadores que reclaman por sus condiciones laborales .

El Ministerio debe garantizar mecanismos de denuncia, investigación y protección frente a eventuales represalias.

Atencia debe responder; Insfrán también

Juan Carlos Atencia asumió hace menos de seis meses.

Es razonable que un ministro necesite tiempo para implementar decisiones y corregir problemas heredados.

Lo que no resulta razonable es que las autoridades permanezcan sin ofrecer respuestas claras cuando se acumulan cuestionamientos que afectan servicios esenciales.

Atencia debe explicar las condiciones actuales de las guardias, la disponibilidad de profesionales, la organización de los operativos móviles, los reclamos laborales y la situación contractual de los proveedores hospitalarios.

Pero la responsabilidad política no termina en el ministro.

Gildo Insfrán es quien conduce el Poder Ejecutivo provincial, designa a sus ministros y reivindica personalmente el modelo sanitario.

Si el gobernador se atribuye los logros del sistema, también debe hacerse cargo de explicar sus dificultades.

No puede haber una responsabilidad política para las inauguraciones y otra completamente distinta para los conflictos.

El mejor sistema de salud no se proclama: se demuestra

Formosa tiene hospitales, profesionales valiosos, infraestructura sanitaria y servicios que numerosos pacientes reconocen.

También tiene trabajadores que sostienen la atención cotidiana en condiciones que merecen ser examinadas y mejoradas.

Por eso, el debate no consiste en negar todo lo construido.

Consiste en exigir que las autoridades abandonen las afirmaciones absolutas y respondan con información verificable.

Porque hoy hay preguntas concretas que esperan respuestas:

¿Se recortaron guardias esenciales? ¿Existen servicios con cobertura profesional insuficiente? ¿Qué criterios se utilizaron para los cambios de personal? ¿Qué ocurre con los pagos reclamados por GIPSY? ¿Cómo se resolverán las dificultades de los afiliados al IASEP? ¿Qué medidas se adoptarán frente a las denuncias de hostigamiento?

Y, fundamentalmente, ¿con qué indicadores actuales, públicos y comparables se sostiene que Formosa tiene el mejor sistema de salud pública de la Argentina?

Después de más de tres décadas de gobierno, Insfrán no puede pretender que la excelencia sanitaria se mida solamente por la cantidad de edificios inaugurados, los equipos exhibidos o la reiteración de consignas oficiales.

La salud pública se mide por la atención que recibe cada paciente, la seguridad de sus tratamientos, la disponibilidad de profesionales, la prevención de enfermedades, la situación de sus trabajadores y los resultados obtenidos.

La acumulación de reclamos durante la gestión de Atencia merece una investigación administrativa transparente y respuestas urgentes.

Y la proclamación de Insfrán merece una pregunta que ya no puede responderse con otro discurso:

SI FORMOSA TIENE "EL MEJOR SISTEMA DE SALUD PÚBLICA DEL PAÍS", ¿POR QUÉ SUS AUTORIDADES TODAVÍA DEBEN EXPLICAR TANTOS CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN A TRABAJADORES, PACIENTES, AFILIADOS Y PROVEEDORES HOSPITALARIOS?

Porque la excelencia sanitaria no se anuncia desde un atril. Se demuestra todos los días, en cada hospital, en cada guardia y frente a cada paciente.