La doble vara del gildismo: De la Rosa acusa corrupción en Nación y evita responder por casi 40 años sin transparencia en Formosa

"Un Gobierno no puede tener un jefe de Gabinete involucrado en actos de corrupción", dijo olvidándose de Antonio Ferreira y Martín Insaurralde

El mismo día en que se conoció la salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional, De la Rosa sostuvo que "Adorni es Milei y Milei es Adorni; los dos son parte de la corrupción de este Gobierno", y afirmó que la Argentina "se está debilitando como Estado y Nación" por las decisiones de la administración libertaria.

Pero sus declaraciones no pasaron desapercibidas, una evidente contradicción política.

Mientras la senadora reclama transparencia, investigaciones judiciales y responsabilidades institucionales a nivel nacional,en Formosa persisten desde hace décadas críticas de la oposición respecto de la falta de mecanismos efectivos de control sobre el Poder Ejecutivo provincial.

"No se puede exigir transparencia en Nación mientras se guarda silencio sobre casi cuatro décadas sin rendición de cuentas en Formosa."

Uno de los principales señalamientos apunta a la ausencia de publicidad sobre las declaraciones juradas patrimoniales de los principales funcionarios del Gobierno provincial, un reclamo que distintos sectores opositores vienen sosteniendo desde hace años como una herramienta indispensable para fortalecer la transparencia y el control ciudadano.

También se cuestiona que numerosos funcionarios permanezcan desde hace décadas en los principales cargos del Ejecutivo provincial sin que existan investigaciones judiciales concluyentes respecto de diversas denuncias realizadas por dirigentes opositores sobre presuntos hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito.

En ese contexto, las expresiones de De la Rosa fueron interpretadas por sus críticos como un ejercicio de doble vara.

"La doble vara política queda expuesta cuando se condena la corrupción ajena y se calla frente a las denuncias que rodean al propio poder."

La legisladora afirmó que "un Gobierno no puede tener un jefe de Gabinete involucrado en actos de corrupción", porque administra los recursos públicos. Sin embargo, desde la oposición recuerdan que esa misma exigencia nunca fue planteada respecto de los principales funcionarios provinciales que integran el gabinete de Gildo Insfrán desde hace décadas.

La senadora también cuestionó la demora de la Justicia para investigar determinadas causas nacionales, aunque dirigentes opositores sostienen que en Formosa existen denuncias presentadas durante años que, según afirman, nunca avanzaron hasta instancias de investigación o juzgamiento.

"En Buenos Aires hablan de corrupción; en Formosa nunca explicaron el patrimonio de quienes llevan casi 40 años administrando el poder."

Otro de los puntos que generó controversia fue su defensa del esquema tarifario provincial.

De la Rosa sostuvo que el Gobierno de Formosa subsidia las tarifas eléctricas y que esa asistencia beneficia a los usuarios. Sin embargo, sectores opositores vienen denunciando reiteradamente presuntos incrementos desproporcionados en el componente de distribución de las facturas de energía y reclaman mayor transparencia sobre la composición de los costos que cobra la empresa provincial REFSA.

"La credibilidad de un discurso anticorrupción también se mide por la disposición a exigir los mismos estándares dentro de la propia provincia."

Las críticas también alcanzan al modelo institucional de la provincia.

Desde distintos espacios opositores sostienen que la prolongada permanencia del mismo signo político en el poder, la reelección indefinida del gobernador, las observaciones formuladas al sistema electoral provincial y la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo han debilitado los mecanismos republicanos de control y alternancia.

"La transparencia no puede ser un arma para atacar adversarios y una excepción cuando las preguntas apuntan al poder propio."

En ese escenario, las declaraciones de De la Rosa reabrieron un interrogante que atraviesa desde hace años el debate político formoseño: ¿con qué autoridad política puede exigirse transparencia, institucionalidad y rendición de cuentas a nivel nacional cuando esas mismas demandas siguen siendo motivo de controversia dentro de la propia provincia?

Para sus críticos, el problema no radica únicamente en cuestionar al Gobierno nacional, sino en hacerlo mientras permanecen sin respuesta reclamos históricos vinculados con la publicidad de los actos de gobierno, la transparencia patrimonial de los funcionarios, el fortalecimiento de la división de poderes y el funcionamiento de los organismos de control en Formosa.

En definitiva, sostienen que antes de señalar las falencias ajenas, la dirigencia oficialista debería responder a los cuestionamientos que desde hace años pesan sobre el modelo institucional provincial.